El alcalde de San Pedro Sula Roberto Contreras, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse que él y su familia adquirieron nueve propiedades por un valor total de 71 millones de lempiras en tan solo tres años. Todas compradas al contado y sin la mediación de préstamos bancarios.
Esta cifra contrasta drásticamente con su salario mensual de L.125,690, lo que ha desatado una ola de interrogantes sobre el origen de los fondos. Y ha puesto en tela de juicio la transparencia de su gestión.
DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN
La polémica se intensifica al vincularse estas adquisiciones con una investigación en curso del Ministerio Público (MP) por un presunto desvío de 45.5 millones de lempiras a través de contratos falsos dentro de la alcaldía.
Este caso ya ha resultado en la detención de nueve personas, mientras que Steve Fajardo, yerno del alcalde se encuentra prófugo de la justicia, con orden de captura emitida a través de la Interpol.
La ciudadanía se pregunta: ¿Dónde quedó la transparencia? La desproporción entre el salario público del edil y la riqueza amasada en un corto periodo ha generado indignación y exige respuestas claras sobre de dónde salió el dinero.
EL LUJOSO PORTAFOLIO INMOBILIARIO
Las nueve propiedades adquiridas por la familia Contreras reflejan un patrón de inversión en bienes raíces de alto valor. Entre las adquisiciones se encuentran terrenos y condominios de lujo distribuidos en zonas de alta plusvalía.
Tres transacciones inmobiliarias marcan la expansión patrimonial de la familia Contreras Santos en San Pedro Sula. Así, en 2022, los hijos Denisse, Angie, Astrid y Roberto Daniel adquirieron Torre Panorama (L 3.9 millones) con usufructo para Zoila Santos.
Luego, en 2024, sus padres compraron en Merendón Hills (L 11.1 millones); y, en junio de 2025, el alcalde Roberto Contreras adquirió una propiedad en Mark One (L 6.8 millones).
La consolidación de su cartera inmobiliaria alcanzó su máximo ritmo durante septiembre de 2024, cuando en un solo día concretó tres transacciones adicionales en Tulián, Omoa, sumando L7.5 millones.
Paralelamente, Zoila Santos, esposa del alcalde Roberto Contreras, realizó la compra más cuantiosa del patrimonio familiar: una propiedad en Dixon Cove, Roatán, valorada en L 22.2 millones, a sus cuatro hijos.
El patrón de adquisiciones continuó con la compra de un terreno en Barrio Río Mar, Omoa, por L10.4 millones en diciembre de 2024, completando así nueve propiedades en menos de tres años por un total que supera los 71 millones de lempiras.
La velocidad y modalidad de las transacciones (al contado) sugieren una disponibilidad de capital que excede con creces los ingresos declarados por el funcionario. ¿Es posible que un salario público de L. 125,690 se traduzca en 71 millones en propiedades? Esta es la pregunta que resuena en el debate público y que el MP busca responder con su investigación.
El foco de la investigación del MP son los 45.5 millones de lempiras desviados mediante contratos irregulares en la municipalidad. Los hallazgos apuntan a una posible red de corrupción que facilitó la sustracción de fondos públicos.
La coincidencia temporal entre el presunto desvío de fondos y las millonarias compras inmobiliarias ha establecido un nexo de sospecha.
La situación legal del yerno prófugo, que ahora es buscado internacionalmente, añade una capa de gravedad al escándalo, sugiriendo una posible implicación familiar en las actividades ilícitas investigadas.
El Ministerio Público ha prometido llevar la investigación hasta las últimas consecuencias para determinar si existe un enriquecimiento ilícito y si los fondos utilizados para las propiedades provienen de la malversación de caudales públicos.
Se espera que en los próximos días se presenten nuevos elementos de prueba que puedan esclarecer la ruta del dinero y la responsabilidad de los implicados, incluido el alcalde Roberto Contreras.
La presión sobre el alcalde Contreras es máxima, y su futuro político pende de un hilo. La respuesta a ¿De donde salió el dinero? no solo determinará su destino legal, sino que también podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el país.
