El Ministerio Público reveló una compleja estructura de corrupción que habría operado entre el 13 de julio de 2023 y el 20 de abril de 2024 en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, un caso que, desde entonces, los órganos de investigación vienen dando un minucioso seguimiento. 

Según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público en contra de funcionarios y exfuncionarios municipales, los imputados se habrían confabulado con particulares para desviar más de 44.5 millones de lempiras mediante contratos fraudulentos de obras públicas.

Cabe destacar, que el requerimiento fiscal fue presentado luego de más de un año de investigaciones, y es que tal y como lo mencionó el fiscal general, Joel Zelaya, una buena investigación requiere tiempo y cuando ya se obtienen los medios probatorios, llegan a los tribunales de justicia. 

Según la investigación, señala que se adjudicaron 33 contratos de reparación de la red vial a la empresa Constructora Hercod S. de R.L., representada legalmente por Olga Estela Ávila Ortega. Sin embargo, se comprobó que varios de los proyectos no se ejecutaron, carecían de ubicación exacta y en algunos casos ni siquiera se movilizó maquinaria, es decir, se convirtieron en su mayoría, en adjudicaciones de proyectos fantasma. 

Antes de la adjudicación, la representación legal de Hercod fue trasladada irregularmente de Luis Fernando Hernández Portillo a Olga Estela Ávila, lo que permitió manejar las cuentas donde se depositaron los fondos. Parte del dinero se transfirió luego a cuentas personales de otros implicados.

Los fiscales acusan a los involucrados de fraude continuado, violación de los deberes de los funcionarios, lavado de activos y tráfico de influencias. Entre los señalados figuran exdirectores y personal de la Gerencia de Infraestructura que habrían fraccionado los contratos para eludir licitaciones públicas, presentando documentación falsa y simulando competencia entre empresas vinculadas. Asimismo, cada contrato otorgado, contaba con la firma y sello del alcalde Roberto Contreras, quien ahora, de forma desesperada evita hablar del tema y en su lugar, responde al caso como “persecución política”. 

Entre los acusados se encuentran Osman David Chávez Orellana, Denys Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica, Luis Enrique Saa, Walter Manuel Cartagena Villagra, Marlen Karina Mena Gómez, Xavier Eduardo Lacayo Delgadillo, entre otros. También se menciona a particulares como Steve Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde Contreras, quien además es hombre de confianza que coordina equipos de campaña de Salvador Nasralla en el departamento de Cortés. A Fajardo  se le atribuye tráfico de influencias y recepción de millonarias transferencias en efectivo para ocultar el origen de los fondos.

El expediente describe reuniones previas para planificar el reparto del dinero, simulando procesos de contratación. Incluso se documenta la creación de empresas y la participación de supuestos oferentes para aparentar competencia. La Gerencia de Infraestructura habría avalado pagos sin verificar avances reales en las obras.

El Ministerio Público solicita órdenes de captura y la imposición de medidas cautelares para los acusados, mientras continúa la investigación para recuperar los fondos públicos defraudados.

Paradójicamente, la matriz mediática hondureña ha enfocado a Contreras como víctima de persecución política, obviando el caso y en su lugar, diciendo que se trata de justicia selectiva en contra de líderes de la oposición. Lo cierto es que lejos de debatir y cuestionar el mecanismo de esta red de corrupción, generan una falsa victimización tendenciosa hacia los responsables de cometer actos irregulares. 

Su posición dogmática y tendenciosa, hace que los corruptos sean considerados víctimas, cuando en realidad, su responsabilidad debe ser puesta en la palestra del debate público y la rendición de cuentas. 

El Partido Liberal con el caso de Contreras y del narcovideo de Mauricio Villeda, ha demostrado que es capaz de encubrir la corrupción como siempre lo han hecho, puesto que nunca pidieron la renuncia de ambos políticos salpicados por la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico. 

El único partido que hasta ahora ha dado muestras de coherencia política ha sido Libertad y Refundación, quien con posturas contundentes ha cuestionado y pedido la renuncia de militantes que se hayan visto involucrados en cualquier acto ilícito.