El requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público (MP) destapa un caso que no solo representa un fraude que desvió de más de 44.5 millones de lempiras en la alcaldía de San Pedro Sula, sino que también representa el derrumbe del discurso anticorrupción del candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla.
El caso investigativo ha puesto en el centro del escándalo al alcalde Roberto Contreras y a su yerno y asesor legal, Steve Fajardo.
Fajardo no solo era la sombra del edil, sino que también funge como coordinador de campaña del presidenciable Nasralla.
El caso ha generado un nuevo embate a lo interno del Partido Liberal, ya que la implicación directa de sus principales figuras debilita aún más sus ya dañas estructuras.
MP presenta requerimiento fiscal por fraude de 45.5 millones en la alcaldía de San Pedro Sula: fraccionaron contratos, incumplieron obras y lavaron activos con fondos municipales pic.twitter.com/np0rjHFYH1
— Ministerio Público (@MP_Honduras) September 23, 2025
Nasralla, quien se ha vendido al público como un líder impoluto ha quedado en evidencia al verse rodeado de asesores y jefes de campaña con oscuros vínculos a la corrupción y el narcotráfico.
Según el MP, la red de corrupción se confabuló con particulares para desviar fondos mediante contratos fraudulentos de obras públicas, una investigación que, según el fiscal general, Johel Zelaya, tardó más de un año en consolidarse para obtener las pruebas necesarias.
Justicia sin color político: el MP en la mira mediática
Tras la revelación, la matriz mediática ha intentado centrar el debate en una supuesta «persecución política» contra la oposición, obviando el fondo del caso: el mecanismo de la red de corrupción.
Tanto el alcalde Contreras como algunos medios han acusado al Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de orquestar la acción legal, una narrativa que busca victimizar a los señalados.
El Fiscal General, Johel Zelaya, fue categórico al desmentir estas acusaciones. En recientes declaraciones, aseguró que el MP actuará «contra todos los corruptos de este país indistintamente el color político» y que los funcionarios actuales «tienen que dar el ejemplo o tendrán que estar en una cárcel».
Zelaya desmintió ser un «brazo político» de la Mandataria Xiomara Castro o del expresidente Manuel Zelaya Rosales, un señalamiento frecuente en redes sociales, y reafirmó la independencia de su cargo.
«Jamás me han pedido a mí que yo persiga a una persona. Y eso en eso soy contundente», declaró el fiscal, señalando directamente a quienes «creen que yo pertenezco a un partido político».
Diferencia de posturas ante la corrupción
El caso contrasta fuertemente con la postura adoptada por el partido de gobierno. La presidenta Xiomara Castro y la candidata presidencial Rixi Moncada han mantenido una firme política de cero tolerancia a la corrupción.
Ante señalamientos contra militantes de LIBRE, como en los casos de SEDESOL o el exdiputado Carlos Zelaya, la Presidencia ha ordenado investigaciones y los señalados han renunciado a sus cargos para facilitar el trabajo de las autoridades.
En cambio, el Partido Liberal con el caso Contreras y un reciente «narcovideo» que salpica a Mauricio Villeda, ha demostrado ser capaz de encubrir la corrupción, sin pedir la renuncia o separación de sus líderes salpicados, lo que refuerza la crítica sobre la falta de coherencia política de sus cúpulas.
