El informe del GIEI-Honduras de la CIDH según recoge el reportaje pone en el centro del caso Berta Cáceres una pregunta incómoda: cómo un crimen político puede sostenerse con herramientas del sistema financiero formal. En su reconstrucción, el GIEI afirma que parte del dinero que terminó pagando a los sicarios provino de fondos asociados al financiamiento del proyecto y menciona explícitamente al FMO (banco de desarrollo de Países Bajos), al BCIE y a operadores de la familia Atala, propietarios de Banco Ficohsa. 

El informe, tal como se relata, reconstruye una ruta de pagos diseñada para “disimular su origen” y que culmina en tres cheques por más de medio millón de lempiras distribuidos entre los ejecutores materiales ya condenados.  Ese detalle es clave porque sugiere que la contratación del crimen no se movió únicamente en efectivo o en circuitos clandestinos: habría usado instrumentos bancarios que dejan huellas, pero que también permiten fragmentar responsabilidades mediante intermediarios, empresas relacionadas y autorizaciones difíciles de atribuir a una sola firma.

El GIEI sostiene que la dirigencia del conglomerado empresarial vinculado a la familia Atala Zablah aparece más implicada de lo que ha podido probarse en sede judicial hasta ahora, y describe comunicaciones frecuentes de David Castillo condenado como autor intelectual con personas del entorno empresarial en fechas cercanas al crimen.  La lectura analítica es directa: cuando hay dinero, también hay mando, y cuando el dinero se organiza para ocultar su origen, la operación tiende a responder a una arquitectura de poder, no a una improvisación.

Por eso, el alcance del informe va más allá del caso penal. Señala irregularidades en el manejo de recursos del proyecto y sugiere que el financiamiento, en vez de ser un factor neutral, puede convertirse en un vector de riesgo cuando se combina con redes empresariales, relaciones con aparatos de seguridad y un conflicto socioambiental escalado.  En el fondo, lo que plantea el GIEI es que esclarecer plenamente el asesinato de Berta requiere seguir el rastro del dinero con la misma intensidad con que se siguieron llamadas, reuniones y movimientos: porque la violencia, cuando se “administra” como proyecto, también se contabilidad.

Asimismo, invita a reflexionar sobre el rol del propio sistema financiero en una trama que muestra el verdadero actuar de lo que las élites son capaces de hacer cuando se trata de defender sus intereses.