El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, interpuso una contundente denuncia ante el Ministerio Público, alertando sobre las graves irregularidades perpetradas por el bipartidismo con la modificación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de cara a los próximos comicios generales.
Esta acción ha resonado en la clase política y analistas, quienes señalan a los partidos Liberal y Nacional como los artífices de un plan para consumar un fraude, buscando violentar la voluntad popular, según declaraciones del diputado Jari Dixon de Libertad y Refundación (Libre) y el analista político Jorge González.
Ochoa acusa a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall de usurpación de funciones públicas, violación a los deberes de los funcionarios públicos y prevaricato administrativo, tras la aprobación de una enmienda al pliego de condiciones del sistema TREP sin una convocatoria a sesión de pleno del CNE.
Este cambio, según explicó el consejero, reintroduce el polémico método usado por Matamoros Batson en los cuestionados procesos electorales de 2013 y 2017, donde un «nacionalista y un liberal» podrían decidir qué resultados se publican o no, contraviniendo la Ley Electoral.
Me encuentro en el Ministerio Público presentando dos denuncias penales por Delitos Electorales, Prevaricato Administrativo y Usurpación de Funciones por la publicación de una enmienda a los pliegos del TREP (para usar sistema del fraude 2013 y 2017 de David Matamoros), sin…
— Marlon (@MarlonOchoaHN) July 7, 2025
Dixon y González apoyan advertencia de Ochoa
El diputado Jari Dixon expresó su preocupación por el retorno al procedimiento de transmisión de datos de 2017, que ya es tristemente conocido por el «robo de las elecciones».
Dixon cuestionó por qué cambiar las reglas ahora, cuando el sistema de 2021 «cumplió con todas las expectativas» de ganadores, perdedores y observadores.
«Cuando se quiere cambiar las reglas del juego, uno tiene que preocuparse porque las intenciones y los objetivos pueden ser claros: robarse las elecciones nuevamente», afirmó, respaldando la denuncia de Ochoa y llamando al pueblo a estar «ojo al Cristo».
Por su parte, el analista político Jorge González respaldó la acción de Ochoa, calificándola como parte de la «línea partidaria» de no «dormirse» ante las maniobras del bipartidismo, a quienes identifica como «instrumentos de la oligarquía».
Según González, el objetivo es claro: «cortar la continuidad del gobierno de Libre» y evitar su victoria en las próximas elecciones.
Subrayó que, a pesar de las falsas acusaciones de la oposición sobre un fraude de parte de Libre, «en la historia del país, quienes han hecho fraude son ellos mismos».
González enfatizó que Libre cuenta con el apoyo de su militancia y del pueblo hondureño, y que la denuncia de Ochoa busca precisamente evitar un nuevo fraude.
Detalles de la denuncia de Marlon Ochoa: un ataque a la Ley Electoral
Marlon Ochoa explicó que la Ley de Contratación del Estado otorga únicamente al pleno del CNE la facultad de aprobar y enmendar los pliegos de condiciones. Sin embargo, se ha publicado una enmienda crucial para el sistema TREP sin la debida sesión de pleno, lo que constituye una usurpación de funciones públicas.
La segunda denuncia se basa en la violación de los deberes de funcionarios públicos y la ilegal inclusión de un paso que no figura en la Ley Electoral, el cual permitiría que un nacionalista y un liberal decidan qué resultados se divulgan.
Ochoa subrayó que la ley exige la publicación «inmediata» de las actas de cierre por parte de las Juntas Receptoras de Votos, sin la intromisión de terceros.
Además, destacó que el artículo 279 de la Ley Electoral exige que los mecanismos de divulgación de resultados preliminares se aprueben por consenso de los tres consejeros, algo que, según su denuncia, no ocurrió en esta ocasión.
Ochoa hizo un llamado al Ministerio Público para que califique los delitos y actúe con prontitud, y destacó la manifestación pacífica que tuvo lugar en las instalaciones del CNE en San Felipe, impidiendo una violación a la Ley Electoral.
El consejero reiteró que estas denuncias buscan que se cumpla la ley, se respeten las facultades del pleno del CNE y que los resultados preliminares se divulguen «de manera inmediata y sin intervenciones humanas», a diferencia de los sistemas utilizados en 2013 y 2017.
«El pueblo hondureño no va a permitir que se concrete nuevamente un fraude electoral», sentenció.
