En una manifestación enérgica en las afueras del Ministerio Público, representantes del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) expresaron su rechazo al anunciado nombramiento e instalación de un nuevo fiscal general, previsto por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

La acción, liderada por el ex ministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero, tuvo como objetivo impedir lo que consideran una elección al margen del marco legal, en apoyo al abogado Sibrian y en defensa de la constitución de la República y el Estado de Derecho.

Barquero, quien ahora funge como vocero del BOC, expresó: «No hay justificación para querer elegir un fiscal general fuera del marco legal, por eso estamos aquí en apoyo al abogado Sibrian, en apoyo a la constitución de la República y en apoyo al Estado de Derecho».

Las declaraciones emitidas por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que alegaron una «falta absoluta» de autoridad en el Ministerio Público, fueron duramente cuestionadas por la institución.

En un comunicado, el Ministerio Público consideró que dichas afirmaciones atentan contra la Constitución y advirtió que podrían aplicar la Ley de Juicio Político en su contra.

Esta movilización se produce como respuesta a la convocatoria a protestas por parte del BOC, tras la reciente derrota sufrida con la elección de las autoridades interinas del Ministerio Público.

Cabe destacar que se generó un debate alrededor de las declaraciones de Barquero, quien ha sido señalado como traidor al Partido Libre, dado su rol como exsecretario de Desarrollo Económico y su actual posición como vocero del Bloque de Oposición Ciudadana.

En particular, Barquero respondió a las declaraciones de la presidenta Castro sobre «la élite no quiere pagar impuestos», afirmando que la oposición solo está «diciendo la verdad».

Sin embargo, se ha resaltado que Barquero es uno de los socios de LUFUSA, una empresa de energía térmica que suministra energía al país de manera controvertida, estando exonerada y siendo parte de su postura en contra de la ley de justicia tributaria y del nombramiento del nuevo Fiscal General.

En este contexto, la situación política se tensa en relación con la designación del nuevo Fiscal General, generando un escenario de conflicto entre el Legislativo y el Ministerio Público, desencadenando preocupaciones sobre la legalidad y la transparencia en la toma de decisiones en el país.