El Ministerio Público (MP) ordenó la captura de Iván Abad Velásquez Castro, representante legal de KORIUN Inversiones por los presuntos indicios de que detrás de este mecanismo irregular de captación de fondos opera una red criminal.
La supuesta “empresa financiera” prometía intereses mensuales del 20%, pero operaba sin permiso, sin libros contables y con un esquema piramidal fraudulento.
KORIUN se instaló en Choloma en 2017, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, sin contar con la documentación ni los permisos necesarios para captar dinero del público.
Su estrategia era simple pero peligrosa, ofrecían intereses altísimos para atraer a más personas, pero los intereses que entregaban provenían del mismo capital de los inversionistas o del dinero que entraba de nuevos inversionistas.
EL BIPARTIDISMO ABRIÓ EL CAMINO AL FRAUDE
El delito de captación ilegal de fondos fue eliminado del Código Penal por el bipartidismo del Partido Nacional de Honduras (PNH) y el Partido Liberal de Honduras (PLH).
En 2021 en el Congreso Nacional que presidia el cachureco Mauricio Oliva hizo reformas al Código Penal y eliminó el delito de captación ilegal de fondos.
Y para octubre de ese año, se aprobó una serie de reformas entre ellas a la Ley Especial sobre Lavado de Activos, lo que blindaba a corruptos y personas vinculadas con el crimen organizado.
Esta reforma facilitó que estafadores como Iván Velásquez operaran sin enfrentar consecuencias inmediatas.
Ante la magnitud del escándalo, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en cumplimiento con el mandato del Juzgado de Letras de Privación de Dominio, informó que se descongelaron 69,198,522.78 lempiras de las cuentas de KORIUN.
Estos fondos son utilizados para devolver parte del capital a las personas afectadas, bajo la supervisión del Ministerio Público.
LA CAÍDA DE LA ESTAFA MILLONARIA
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con respaldo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), logró documentar y detener este esquema de estafa que estaba expandiéndose por varias zonas del país.
En enero de 2025, tras una serie de inspecciones, las autoridades confirmaron que la empresa no tenía registros contables ni podía justificar el uso ni el origen de los fondos recibidos.
Según el portavoz del MP, Yuri Mora, “En Choloma era insostenible ya. Entonces ellos deciden abrir sucursales en otras ciudades”.
