El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) advirtió que la declaratoria parcial de resultados presidenciales emitida el 24 de diciembre de 2025 representa un quiebre en el proceso electoral hondureño, al haberse realizado sin que concluyera el escrutinio especial ni se resolvieran las impugnaciones pendientes.

Según el análisis del organismo, la decisión fue adoptada sin cumplir los estándares mínimos de publicidad, formalidad y transparencia institucional, lo que afecta de manera directa la legitimidad democrática de los resultados.

CESPAD señala que la declaratoria no obedeció a una imposibilidad técnica, sino a una determinación institucional orientada a cerrar anticipadamente los mecanismos de verificación del voto.

El pronunciamiento también cuestiona la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE), al indicar que, a pocas horas de vencer el plazo legal para la declaratoria final, no se han implementado las medidas técnicas necesarias para avanzar o concluir el escrutinio correspondiente a los niveles de diputaciones y corporaciones municipales, comprometiendo la integridad del proceso en todos sus niveles.

Asimismo, el centro de estudios observa que la Secretaría General del CNE recomendó rechazar las solicitudes de nulidad y recuento especial en otros niveles electivos, remitiendo a las partes al Tribunal de Justicia Electoral, bajo el argumento de “salvaguardar el bien mayor” ante la alta participación ciudadana registrada el día de la votación.

Para el CESPAD, la alta participación electoral no sustituye los procedimientos de escrutinio y verificación.

En su análisis, enfatiza que en una democracia constitucional la legitimidad de una elección no se limita al acto de votar, sino que depende del respeto a los mecanismos que permiten revisar, depurar y controlar los resultados.

El informe concluye que los hechos observados en el proceso electoral de 2025 reflejan un deterioro estructural del sistema electoral, en el que se ha priorizado el cierre institucional por encima de las garantías democráticas, lo que podría generar riesgos significativos para la democracia y el Estado de derecho.

Ante este escenario, el CESPAD exhortó al CNE a asumir su responsabilidad institucional y completar el escrutinio pendiente con garantías de publicidad, trazabilidad y acceso a la información; a la comunidad internacional y a las misiones de observación electoral, a abstenerse de emitir reconocimientos prematuros; y a los actores políticos y poderes del Estado, a respetar la autonomía de los órganos de justicia electoral para evitar una crisis institucional de mayor alcance.