La disputa por la presidencia del Congreso Nacional vuelve a desnudar una constante de la política hondureña: la influencia decisiva del bipartidismo tradicional y de los grandes intereses económicos.

Aunque el debate público se centra en negociaciones partidarias, en los hechos el verdadero árbitro del proceso parece estar fuera del hemiciclo. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) emerge, una vez más, como el actor que marca la pauta en una elección clave para el rumbo institucional del país.

No es un secreto que las comisiones negociadoras del Partido Liberal y del Partido Nacional han sostenido reuniones en las instalaciones del COHEP. Este dato, más que anecdótico, revela una práctica política normalizada: los acuerdos no se cierran en función del mandato popular, sino tras recibir el visto bueno de los grupos empresariales organizados. La sede empresarial se convierte así en un espacio paralelo de decisión, desplazando al Congreso y debilitando la lógica republicana.

EL Poder empresarial detrás del Congreso Nacional

La escena confirma la dependencia histórica del bipartidismo respecto al poder económico. Liberalismo y nacionalismo, pese a su retórica de oposición mutua, coinciden cuando se trata de garantizar estabilidad para los intereses corporativos. La elección del presidente del Congreso no se concibe como una oportunidad de renovación institucional, sino como un mecanismo para asegurar que la agenda legislativa no afecte privilegios ni estructuras de poder consolidadas.

La pregunta de fondo es incómoda pero necesaria: ¿a quién responderá el próximo presidente del Congreso? Si su designación pasa primero por el filtro del COHEP, resulta legítimo cuestionar su compromiso con la ciudadanía. Esta dinámica profundiza la crisis de representación y alimenta la percepción de que las decisiones estratégicas del Estado se toman al margen del interés público, subordinadas a una élite económica con capacidad de veto.

Más allá de nombres y partidos, el debate interpela al sistema político en su conjunto. Mientras el bipartidismo continúe negociando bajo la tutela empresarial, la democracia hondureña seguirá atrapada en un esquema de poder restringido. Romper con esta lógica implica transparentar los procesos, devolver centralidad al Congreso y reafirmar que la soberanía reside en el pueblo, no en los salones de negociación del poder económico.