La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), ha anunciado una investigación en torno al reciente ingreso de una suma significativa de dinero al Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso, conocido como La Tolva.

Este anuncio surge tras la detención del director de dicho centro, el coronel José Rodimiro Arita, quien permitió la entrada de una gran cantidad de dinero a través de una profesional del derecho.

El 13 de diciembre de 2023, en el Centro Penitenciario, una abogada ingresó de manera irregular la cantidad de 445,000.00 lempiras (L). Según las investigaciones preliminares, este dinero estaría vinculado a estructuras criminales dedicadas a sicariatos y extorsiones en el país.

Las pesquisas indican que el director de La Tolva, el coronel Arita, autorizó estos hechos, instruyendo a los encargados de las aduanas de seguridad a permitir el ingreso del dinero sin ningún tipo de control o registro, violando así los protocolos de seguridad establecidos.

Adicionalmente, la Comisión Interventora reveló que este incidente no es un caso aislado, ya que la misma abogada había ingresado previamente una suma de L200,000.00 de manera similar, contando siempre con la autorización del director penitenciario.

Estos actos irregulares evidencian un patrón sistemático que compromete la integridad del sistema penitenciario.

En respuesta a estos acontecimientos, el 14 de diciembre de 2023, la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía, tomando medidas inmediatas al suspender al Coronel José Rodimiro Arita de su cargo.

Este paso se ha tomado con el propósito de poner al director a disposición de las autoridades competentes y garantizar una investigación transparente y completa.

La Comisión Interventora reafirma su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva, determinando si otros funcionarios del INP estuvieron involucrados en estos actos ilícitos. Aquellos identificados serán puestos a disposición de las autoridades investigativas y judiciales. Estas acciones buscan restaurar la integridad del sistema penitenciario, asegurando que casos de corrupción y complicidad sean tratados con la seriedad que demanda el resguardo de la seguridad pública.