En la década pasada, el bipartidismo hondureño abrió la puerta a fideicomisos que terminaron siendo verdaderos agujeros negros para los fondos públicos.
Entre ellos, la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada (APP), aprobada en 2010 tras el golpe de Estado, permitió la creación de mecanismos como la Tasa de Seguridad, supuestamente destinados a «fortalecer la infraestructura policial y los programas de prevención».
Sin embargo, la realidad fue otra. Los recursos se desviaron sistemáticamente y la transparencia quedó en el olvido.
Investigaciones del Ministerio Público revelaron que en diciembre de 2021 Juan Ramón Molina, excoordinador del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, participó en un fraude superior a L 18.5 millones.
La Fiscalía detalló que Molina contrató a la empresa Plasticards S.A para proveer tarjetas PVC de licencias de conducir; de las 480 mil contratadas, solo llegaron 258 mil, y los fondos fueron transferidos a Inversiones MyM S. de R.L, propiedad del mismo Molina.
El papel del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) fue central: fueron ellos quienes impulsaron la participación de Molina en el fideicomiso.
No obstante, frente al escándalo, el Cohep optó por el silencio y la evasión de responsabilidades, evitando cualquier declaración pública.
El ministro de Finanzas, Christian Duarte, aseguró que en una década, bajo el llamado “Tasón de Seguridad”, se gastaron más de L 28 mil millones, gran parte sin controles claros. De esa cifra, L 11 mil millones corresponden a deudas con proveedores y banca nacional.
Duarte destacó que más de 130 contratos mostraban indicios de corrupción y sobrevaloración bajo el paraguas de las APP.
Por su parte, Gustavo Sánchez, titular de Seguridad, señaló que en el pasado este tributo no se utilizó para proteger a la población, sino como herramienta de campaña y negocio privado para unos pocos.
LA TASA DE SEGURIDAD NO ES EL PROBLEMA
La Tasa en sí misma no es el problema, sino la forma en que se administraba: un fideicomiso blindado por la Ley de Secretos que dificultaba cualquier investigación.
Con la derogación de esta ley por parte de LIBRE el mecanismo dejó de ser una “caja negra” para el desvío de fondos, aunque el impuesto continúa vigente como tributo sobre transacciones financieras.
No se trata de eliminar la Tasa, sino de garantizar que los recursos se utilicen correctamente, con transparencia y bajo control estatal, dejando atrás la complicidad que durante años beneficiaba a unos pocos en detrimento de la mayoría.
