En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de LIBRE , encabezado por la presidenta Xiomara Castro, destaca una serie de avances en materia ambiental impulsados desde el inicio de su administración en 2022.
Con una política enfocada en la restauración ecológica, la lucha contra la deforestación y el desarrollo sostenible, el país ha logrado cifras positivas en la conservación de sus recursos naturales.
Uno de los pilares es la Estrategia Nacional “Cero Deforestación al 2029”, una iniciativa ambiciosa con la que el gobierno erradica la deforestación en todo el territorio nacional. La inversión prevista es de 19,000 millones de lempiras en un período de cinco años.
Entre las acciones destacadas se incluye la entrega de títulos de propiedad de 9,064 hectáreas a 27 comunidades indígenas y afrodescendientes en la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano. Así como la declaración de 80 nuevas microcuencas protegidas, beneficiando a más de 163,000 personas.
Además, se han establecido corredores biológicos en zonas estratégicas como Yuscarán, Lempira y Yojoa, con el fin de conservar la biodiversidad y fortalecer los ecosistemas.
El combate a los delitos ambientales también ha sido una prioridad. En 2024, la Fuerza de Tarea Interinstitucional Contra el Delito Ambiental (FTIA) fue reestructurada bajo la coordinación del Instituto de Conservación Forestal (ICF). Desde entonces, ha realizado 673 intervenciones en 43 áreas protegidas, incluyendo patrullajes, inspecciones y operativos que resultaron en 37 decomisos de productos y maquinaria utilizada en actividades ilegales.
A estas acciones se suma la creación de Batallones de Protección Ambiental, desplegados en Catacamas (Olancho), San Francisco (Atlántida) y Pinalejo (Santa Bárbara), conformados por miembros de las Fuerzas Armadas con la misión de vigilar, prevenir y combatir la degradación ambiental en zonas de alta prioridad ecológica.
Otra de las iniciativas emblemáticas es el Programa Ambiental “Padre Andrés Tamayo”, implementado desde enero de 2023 en 150 municipios. Gracias a este programa se han reforestado 65,000 hectáreas, se han producido más de 11 millones de plantas y se ha logrado una reducción significativa en la incidencia de incendios forestales y en la tasa nacional de deforestación.
En cuanto al acceso al agua potable y energía limpia, el gobierno ha impulsado proyectos sostenibles como la Planta Potabilizadora “Agua Clara” en San Francisco de Becerra, Olancho, con capacidad para tratar 36 litros de agua por segundo, beneficiando a casi 7,000 personas. La planta opera sin consumo eléctrico, lo que la convierte en un modelo de sostenibilidad en la región.
Asimismo, se inauguraron plantas solares en La Moskitia y Guanaja, lo que ha permitido llevar energía limpia y asequible a comunidades que históricamente no contaban con este servicio básico.
En el ámbito de la conservación, se han ejecutado intervenciones ambientales en 300 microcuencas dentro de 46 áreas protegidas, impactando positivamente a más de 2 millones de personas. También se han entregado 27 contratos de conservación, con el fin de asegurar la gestión responsable de estas zonas.
El gobierno también ha promovido reformas legales, incluyendo una propuesta para reformar el Código Penal y endurecer las penas por delitos ambientales, así como la creación de un Juzgado Penal Nacional especializado en esta materia. Adicionalmente, se han asignado 1,600 millones de lempiras a la protección de áreas sensibles como el Lago de Yojoa, la Biósfera del Río Plátano y la cuenca de El Cajón.
El éxito de estas políticas ha sido posible gracias al trabajo conjunto de varias instituciones, entre ellas la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la Secretaría de Defensa, COPECO y el Ministerio Público, entre otros.
Con estos esfuerzos, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro busca consolidar un modelo de desarrollo basado en la equidad, la justicia ambiental y la protección de los recursos naturales, sentando las bases de una Honduras más resiliente ante los efectos del cambio climático.
