En plena zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Celaque (PNMC), una carretera de tierra de aproximadamente 10 kilómetros fue abierta con maquinaria pesada, sin contar con licencia ambiental ni los permisos establecidos por ley.
Esta intervención, realizada por comunidades lencas en julio de 2023, ha encendido las alarmas en el Instituto de Conservación Forestal (ICF), que ha respondido con acciones firmes para proteger este patrimonio natural.
La situación no es nueva, desde los estragos causados por los huracanes ETA e IOTA en 2020, las comunidades de Malsincales, Chimis Montaña y Río Negro han estado prácticamente incomunicadas, tras perder el viejo camino de herradura que las conectaba con Belén Gualcho.
Aunque el ICF reconoce esta necesidad humana, también aclara que toda intervención en áreas protegidas debe realizarse bajo los procedimientos técnicos y legales correspondientes, incluyendo un proceso de licenciamiento ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través del ICF y la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA), ha dejado claro que no se tolerarán delitos ambientales. Esta administración, bajo el liderazgo del partido LIBRE, ha retomado con seriedad el compromiso por la protección de los recursos naturales, luego de más de una década de abandono y permisividad en el sector ambiental.
Una carta-acuerdo firmada el 2 de junio de 2023 entre la Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Celaque (MAPANCE) y las comunidades involucradas generó aún más controversia, ya que incluyó responsabilidades para el ICF sin su consentimiento. Lo más grave: MAPANCE respaldó la apertura de la carretera sin seguir el marco legal, incumpliendo su deber como co-manejador oficial del área protegida, cargo por el cual recibe fondos del Estado desde la aprobación del Decreto Legislativo 58-2009.
Ante la gravedad del caso, el ICF escaló el expediente al nivel central y en noviembre de 2023 lo remitió a la Procuraduría General de la República (PGR). Además, mantiene comunicación constante con el Ministerio Público, en espera de una resolución que garantice la protección del ecosistema y el respeto a las leyes.
“Entendemos la necesidad de las comunidades, pero nada justifica pasar por encima del marco legal y poner en riesgo un área protegida de tanta importancia ecológica”, señala el ICF a través de un post en X.
La zona de Celaque no solo es el hogar de biodiversidad única, sino que también presenta una alta susceptibilidad a deslizamientos, lo cual incrementa el riesgo de desastres si no se aplican medidas de mitigación adecuadas.
El gobierno de Xiomara Castro reafirma su compromiso con un desarrollo sostenible que no sacrifique el medio ambiente, y exige que este caso no quede impune. La protección de nuestras áreas protegidas ya no será letra muerta en las leyes.
