El conflicto en medio oriente especialmente entre Israel e Irán ya empieza a provocar efectos en la economía global. Uno de los focos de preocupación es el posible cierre del Estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transita cerca del 20 % del petróleo global.

El precio del petróleo aumentó en un 20% en la última semana y el barril ya cuesta cerca de 78 dólares, casi 15 dólares más que a principios de junio.

Este aumento podría generar subidas en los precios de los combustibles en diferentes países, como ya ocurrió con las empresas Puma y Shell, que aumentaron un 5 % sus tarifas. Si el conflicto continúa, los expertos advierten que el precio seguirá subiendo.

En Honduras, donde todo el combustible es importado, cualquier alza internacional se refleja rápidamente en las bombas. Esto no solo afecta a quienes llenan su tanque, sino que tiene un efecto en cadena, si el transporte se encarece, también suben los precios de los alimentos y productos de primera necesidad, golpeando directamente la economía del país.

Es importante aclarar que en Honduras los precios de los productos no los define el gobierno, sino los empresarios. Son ellos quienes ajustan los valores según sus costos y márgenes de ganancia. El gobierno de LIBRE, liderado por la presidenta Xiomara Castro, no tiene control sobre los precios que estos aplican a los alimentos o productos básicos, aunque gracias a los subsidios, no se siente tanto el alza en combustibles.

Ante este conflicto en medio oriente, la canasta básica podría incrementar, y un nuevo incremento en los precios de transporte y alimentos podría hacerla aún más inaccesible. Analistas advierten que si la crisis en Medio Oriente se prolonga, el costo de vida podría subir todavía más.

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Ante esto, desde la Secretaría de Energía autoridades anuncian que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, establecería mesas técnicas para definir estrategias tras el cierre del estrecho de Ormuz. Para no afectar en temas de energía a la población.

Por ello, se hace un llamado al sector privado a actuar con responsabilidad, mientras el gobierno puede buscar salidas fiscales que ayuden a proteger a los más vulnerables, los empresarios deben evitar aumentos excesivos que agraven la economía.