Un escándalo de proporciones internacionales pone en el punto de mira a congresistas de Estados Unidos (EE. UU.), acusados de participar en un plan para derrocar al presidente colombiano Gustavo Petro.
Este delicado escenario genera una seria advertencia para la democracia hondureña, dado el conocido acercamiento de miembros del bipartidismo local con los mismos legisladores estadounidenses, en un contexto de denuncias de presunto fraude electoral al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall.
Desde el Congreso de la República y el Pacto Histórico, los 30 Congresistas abajo firmantes solicitamos formalmente investigación y sanción contra Mario Díaz- Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez por presuntas acciones injerencistas en Colombia. pic.twitter.com/963FTdgPAd
— Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) July 3, 2025
Un grupo de 30 congresistas colombianos, de diversas bancadas como el Pacto Histórico y Alianza Verde, ha instado formalmente al Comité de Ética del Congreso de EE. UU. a investigar y sancionar a los republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez.
Estos legisladores cubano-americanos, conocidos por su postura radical y sus ataques discursivos contra gobiernos progresistas de América Latina, son señalados de promover una narrativa de caos institucional en Colombia, debilitando la relación bilateral y legitimando un «golpe blando» contra Petro.
La denuncia cobra fuerza tras la filtración de audios atribuidos al excanciller colombiano Álvaro Leyva, quien, según reveló el diario El País de España el 29 de junio de 2025, habría buscado apoyo político en Estados Unidos para forzar la salida anticipada de Petro.
En las grabaciones, Leyva menciona explícitamente a Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez como figuras clave para impulsar esta ofensiva internacional, llegando incluso a proponer un «gran acuerdo nacional» que incluiría a fuerzas ilegales para ejecutar la destitución presidencial.
El presidente Petro ha calificado estas revelaciones como un «acto de venganza bárbaro y canalla», y la Fiscalía General de Colombia ha abierto una investigación por conspiración y traición a la patria.
Socialist President Xiomara Castro and her corruption are a serious threat to the US—Honduras relationship.@RepCarlos and I joined the Honduran opposition to send Xiomara Castro and Mel Zelaya the clear message that America stands with the Honduran people and their democracy. pic.twitter.com/LxjTwU4lTN
— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) October 21, 2024
Vínculos con Honduras: un patrón de injerencia
Este patrón de injerencia resuena con preocupación en Honduras. María Elvira Salazar y Carlos Giménez han sostenido múltiples reuniones con dirigentes de la oposición hondureña, incluyendo al Partido Nacional y el Partido Liberal.
En estos encuentros, han promovido una agenda de confrontación contra el gobierno de Xiomara Castro, utilizando argumentos similares a los esgrimidos contra Petro: acusaciones de comunismo, autoritarismo y fraude.
Líderes opositores hondureños han viajado en repetidas ocasiones a EE. UU. para participar en reuniones privadas, foros conservadores y encuentros con estos legisladores republicanos.
Estas giras se han traducido en acciones de presión internacional contra el gobierno hondureño, bajo la justificación de supuestas violaciones democráticas sin sustento objetivo.
En Honduras, la oposición ha adoptado narrativas de «lucha por la libertad» y «rescate de la democracia», buscando crear un ambiente de deslegitimación institucional desde dentro, con un claro respaldo desde fuera.
Expertos advierten que el caso colombiano no es un hecho aislado, sino parte de un patrón creciente de injerencia política por parte de congresistas republicanos estadounidenses, en coordinación con élites conservadoras locales que no han logrado retornar al poder por la vía electoral.
La táctica actual no implica tanques ni soldados, sino el uso de lobby, financiamiento y propaganda.
Mientras estas operaciones avancen sin consecuencias, las democracias de América Latina, incluida la hondureña, seguirán bajo un riesgo latente.
