Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtió nuevamente sobre el esquema aprobado por el Partido Nacional y el Partido Liberal que permitiría la manipulación de resultados en las próximas elecciones generales.
Según explicó Ochoa la “intromisión humana” en la divulgación de datos podría facilitar un nuevo fraude electoral, como ocurrió en 2013 y 2017.
Tal y como lo explicó la candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rixi Moncada, el proceso fraudulento operaría en una fase crítica con la tabulación de resultados preliminares.
Primero, cada Junta Receptora de Votos (JRV) envía el acta con los resultados del centro de votación a los servidores de la empresa contratada para el conteo rápido.
El sistema envía esa información directamente a los partidos políticos y al CNE sin intervención humana.
Es precisamente en este último punto donde se abre la posibilidad del fraude, en lugar de que los resultados se publiquen tal como fueron enviados por las JRV, una persona en el CNE tiene acceso para revisar, modificar y tabular los resultados antes de divulgarlos.
Esto significa que personas con acceso al sistema pueden modificar los resultados reales antes de publicarse.
Por ejemplo, si en un acta se registran 100 votos válidos 70 para el Partido LIBRE y 30 distribuidos entre los partidos tradicionales, el operador del sistema podría disminuir los votos de LIBRE y aumentarlos a favor del bipartidismo, manipulando así la percepción de quién va ganando la elección.
“El pueblo debe saber que bajo este esquema puede pasar que un resultado llegue directamente desde la urna y otro muy distinto sea el que se publique en la web del CNE horas después”, advirtió Marlon Ochoa.
¿QUÉ DICE LA LEY?
La Ley Electoral establece que los resultados preliminares deben publicarse exactamente como fueron transmitidos desde las JRV, sin ningún tipo de modificación.
No obstante, Ochoa denuncia que las consejeras Cossette y Ana Paola han votado para mantener ese mecanismo de intromisión humana, el cual no tiene sustento legal alguno.
Incluso, Ochoa presentó una enmienda respaldada por el dictamen jurídico emitido por la asesoría legal del CNE, en la que se propone eliminar por completo esta figura y garantizar que la transmisión de resultados sea directa, automática y sin intervención humana.
Pese a ello, las consejeras del bipartidismo se han negado a eliminar el modelo, generando preocupaciones sobre la transparencia del próximo proceso electoral.
Rixi Moncada, alzó la voz exigiendo que se respete la decisión del pueblo expresada en las urnas.
Reiteró que cada acta debe reflejar fielmente el resultado de la votación y que las Juntas Receptoras de Votos deben actuar con transparencia.
Un modelo que permite modificar los resultados antes de divulgarlos viola la ley y reabre las heridas de los fraudes que vivió el pueblo hondureño en 2013 y 2017.
