La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, ha desatado una nueva controversia al acusar falsamente al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de División Roosevelt Leonel Hernández Aguilar de haber alzado la voz en una reunión del pleno. A través de su cuenta en la red social X, López señaló que el general irrumpió en la sesión del CNE, incluso empujando a una colaboradora, y que, tras pedirle que esperara la llegada de los otros dos consejeros, respondió de manera prepotente.
Sin embargo, una grabación presentada por el consejero Marlon Ochoa desmiente rotundamente las declaraciones de López. En el audio se escucha claramente al general Hernández Aguilar expresarse de manera cortés y respetuosa, solicitando que la reunión se realizara de manera pública. «Considero que nosotros también debemos ser tomados en cuenta. Para nosotros es importante que esta reunión sea pública ante todos los medios de comunicación», se oye decir al jefe militar, lejos del tono agresivo que se le atribuyó.
El caos que rodea al CNE, encabezado por Cossette López, refleja una gestión marcada por la improvisación y la falta de transparencia. La presidenta del ente electoral parece estar utilizando esta situación para desviar la atención de problemas más graves en el proceso electoral, o de asumir su responsabilidad ante el desastre del 9 de marzo, algo que ya está dentro de la normalidad para las personas con antecedentes de actos de corrupción como es el caso de López.
Desempeñando un papel clave
Las Fuerzas Armadas de Honduras han desempeñado un papel clave en garantizar la estabilidad y la legalidad del proceso electoral. Ante las acusaciones infundadas de López, queda claro que el verdadero problema radica en la conducción del CNE.
La situación plantea inquietudes sobre la integridad y eficiencia del CNE bajo el mando de Cossette López, dejando en claro que el caos electoral es un reflejo de su ineptitud. La defensa de las Fuerzas Armadas de Honduras es crucial, y las comunicaciones abiertas son esenciales para asegurar la transparencia en el proceso electoral.
