El nuevo Decreto de Emergencia en Salud revive modelos que ya fracasaron y abre la puerta a la privatización del sistema sanitario en Honduras.
En Honduras, hablar de emergencia en salud no es un concepto nuevo. Desde los años noventa, distintos gobiernos han utilizado ese argumento para justificar tercerización de servicios, fideicomisos bancarios y reducción del control público sobre el sistema sanitario.
En 2026, la historia vuelve a repetirse.
Con la llegada del presidente ilegal, el Ejecutivo presentó un Decreto de Emergencia en Salud que, lejos de resolver los problemas estructurales del sistema, reactiva mecanismos históricamente asociados a corrupción, privatización y monopolios.
¿Qué establece el Decreto de Emergencia en Salud?
El decreto se enfoca principalmente en la Secretaría de Salud (SESAL), el subsistema con mayor cobertura nacional y casi tres veces más presupuesto que el IHSS.
Aunque se presenta como una respuesta rápida a la mora quirúrgica, el desabastecimiento y la falta de capacidad hospitalaria, el documento carece de un marco rector claro, permitiendo contrataciones discrecionales bajo el argumento de la emergencia.
En términos simples: mucho poder, pocas reglas.
Los tres mecanismos que explican el riesgo de privatización
1. Tercerización de servicios: intermediarios con dinero público
El decreto autoriza convenios con instituciones privadas para la prestación de servicios de salud. Este modelo no es nuevo:
- En el pasado se llamó subrogación, convenios de gestión o administradoras de servicios.
- El resultado siempre fue el mismo: comisiones privadas financiadas con recursos públicos.
Cada intermediario reduce el dinero disponible para atención médica real. No es eficiencia: es un recorte indirecto al derecho a la salud.
2. Fideicomisos: bancos administrando recursos sanitarios
Entre 2013 y 2022, Honduras utilizó un fideicomiso con el Banco de Occidente para la compra de medicamentos.
Los datos son contundentes:
- Más de 1,300 millones de lempiras anuales pasaban por el fideicomiso.
- El abastecimiento llegó a caer hasta 30%.
- El banco obtuvo más de 200 millones de lempiras al año en comisiones y beneficios financieros.
El nuevo decreto revive esta figura, pese a que nunca demostró ser más transparente ni más eficiente.
3. Emergencia sin marco rector: discrecionalidad total
El decreto consta de solo ocho artículos. Uno de ellos permite a los titulares de las instituciones “adoptar las medidas necesarias” en cualquier situación no prevista.
Esto habilita:
- Contrataciones sin licitación
- Cambios de contrato durante su ejecución
- Renovaciones indefinidas
- Precios inflados en servicios y medicamentos
Sin reglas claras, la emergencia se convierte en un cheque en blanco.
¿Existe realmente una crisis que justifique estas medidas?
El discurso oficial insiste en una crisis sanitaria extrema. Sin embargo:
- No existen nuevos indicadores que muestren un deterioro mayor al heredado tras la pandemia.
- La mora quirúrgica fue causada por gobiernos anteriores y había sido reducida fortaleciendo la red pública.
- Se han ampliado quirófanos, becas médicas y capacidades logísticas sin privatizar servicios.
La evidencia sugiere que el problema no es la falta de soluciones, sino la decisión de volver a modelos fallidos.
Privatización vs. monopolios: el mismo resultado
Aunque el término “privatización” no siempre se mencione, el impacto es idéntico:
- Servicios públicos operados por privados
- Medicamentos comprados a precios monopolísticos
- Acceso limitado y criterios excluyentes
- Menos transparencia y más negocio
Todo esto ocurre mientras el Congreso dispone de solo ocho días para debatir un decreto que puede definir el rumbo de la salud pública durante años.
¿Por qué importa informarse ahora?
En 2015, la ciudadanía se movilizó contra la Ley Marco de Protección Social.
En 2022, la Corte Suprema la declaró inconstitucional por violar 36 artículos de la Constitución.
Nada de eso ocurrió por casualidad.
Hoy, la diferencia vuelve a estar en la información: entender que no se trata de una emergencia sanitaria, sino de un modelo de gestión que ya demostró su fracaso.
La receta es vieja.
El discurso es nuevo.
Las consecuencias, si no se discuten a tiempo, serán las mismas.
