El Instituto de la Propiedad (IP) encendió las alarmas de corrupción al presentar formalmente ante el Ministerio Público (MP) 41 líneas de investigación por presuntos actos ilícitos detectados en la entidad, involucrando a altos funcionarios de administraciones pasadas, entre ellos el diputado Jorge Cálix y el exministro de la Presidencia del narcogobierno, Ebal Díaz.
El secretario ejecutivo del IP, Francisco Bocanegra, confirmó que la documentación entregada hoy, 14 de octubre de 2025, busca establecer responsabilidades penales, civiles y administrativas contra los implicados.
Corrupción que toca a exfuncionarios clave
Bocanegra señaló que los presuntos actos de corrupción se remontan a los años 2019, 2020, 2021, y los primeros meses de 2022, período en el que el IP estuvo dirigido por personas vinculadas a Jorge Cálix.
De igual forma, el secretario ejecutivo confirmó la implicación de Ebal Díaz, exministro de la Presidencia durante el narcogobierno de Juan Orlando Hernández, como uno de los personajes que «menoscabaron al Instituto de la Propiedad».
«Vienen muchas sorpresas, esperamos que el Ministerio Público le dé trámite a la mayor brevedad posible… y enjuiciando ante los tribunales de justicia a los responsables», manifestó Bocanegra, señalando que los desfalcos incluyen uno de los más grandes en la historia de la institución, consistente en la Unidad Coordinadora de Proyectos.
Misma unidad que fue utilizada durante la campaña política de Cálix, como precandidato a la presidencia del Partido Liberal.
Delitos que «menoscaban el derecho sagrado de la propiedad»
Las 41 líneas de investigación abarcan un amplio rango de delitos, que van desde alteraciones internas hasta perjuicio directo a los ciudadanos, incluyendo:
- Falsificación de Instrumentos Públicos: Denuncias contra notarios por falsificación de firmas y sellos, y el uso de documentos públicos falsificados.
- Alteración de Viáticos: Irregularidades en la justificación de viáticos por parte de empleados del IP.
- Fraude a la Propiedad: Traslapes, tergiversación de claves catastrales y alteración de certificaciones de herencias a viva intestado.
- Abuso de Autoridad: Incumplimiento de deberes de funcionarios, que han perjudicado el derecho más sagrado de los pueblos, como es el derecho de propiedad.
Bocanegra aseguró que la entrega de estos expedientes «va a marcar un precedente para que demos un alto a estos actos que vienen a perturbar y a menoscabar y a sobre todo a perjudicar al pueblo hondureño y al mismo instituto de la propiedad.»
