A solo tres meses de las elecciones generales de 2025, el ambiente político en Honduras se calienta. El abogado José Manuel Rodríguez Rosales presentó este jueves una denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el Partido Liberal, su presidente Roberto Contreras Mendoza y su candidato presidencial Salvador Nasralla, por violaciones graves a la Ley Electoral.
La acusación incluye una larga lista de señalamientos: discurso de odio, uso indebido de la religión, violencia política y de género, además de propaganda fuera de plazo y expresiones discriminatorias en contra de la candidata presidencial de LIBRE, Rixi Moncada.
Según el documento entregado al CNE, Nasralla y el Partido Liberal habrían violado tres artículos clave de la Ley Electoral:
- Artículo 115: Prohíbe expresiones ofensivas, violencia verbal y propaganda anticipada.
- Artículo 222: Prohíbe realizar propaganda electoral antes del 1 de septiembre de 2025.
- Artículo 226: Castiga cualquier tipo de propaganda prohibida, sin importar la fecha.
Uno de los puntos más fuertes de la denuncia es una serie de comentarios ofensivos y denigrantes emitidos por Nasralla en contra de la candidata Rixi Moncada.
En una entrevista en el programa Frente a Frente del 4 de agosto, el candidato habría hecho afirmaciones personales sobre la vida familiar de Moncada. También se menciona una transmisión en vivo en mayo, donde supuestamente dijo que a Moncada «no la quiere ni la madre que la parió», haciendo referencia a su madre fallecida. Estas expresiones han sido calificadas como violencia política, simbólica y de género.
La denuncia también señala que Nasralla habría usado símbolos religiosos en su campaña, incluyendo oraciones públicas y promesas de crear un “Ministerio de la Fe y los Valores” si llega al poder. Además, se le acusa de lanzar comentarios despectivos sobre las creencias religiosas de su contrincante, insinuando que estarían relacionadas con “brujería”.
El abogado Rodríguez documentó al menos cinco eventos proselitistas organizados por el Partido Liberal antes del inicio legal de la propaganda electoral. Estos actos ocurrieron entre el 4 y el 16 de agosto en departamentos como Olancho, Yoro, Francisco Morazán, Cortés y Valle.
El denunciante solicita al CNE que
- Admita la denuncia y cite a los acusados.
- Imponga multas económicas que van desde 5 hasta 100 salarios mínimos, según la gravedad de cada infracción.
- Deduza responsabilidades penales si las autoridades así lo determinan.
Además, la denuncia viene respaldada por una memoria USB con doce videos que recogen los hechos denunciados: entrevistas, publicaciones en redes y discursos en actos públicos.
Este caso podría marcar un precedente histórico en Honduras sobre los límites del discurso político y el uso responsable de la propaganda electoral. También pondría a prueba el papel del CNE como árbitro imparcial en el proceso democrático.
Mientras tanto, los ojos del país están puestos en cómo responderá el máximo ente electoral, en un momento donde la polarización política y la intolerancia amenazan con nublar el camino hacia unas elecciones justas y transparentes.
