La Procuraduría General de la República, al mando de Manuel Díaz Galeas cerró el periodo 2022–2026 con resultados históricos en la defensa del Estado. Sin embargo, una campaña de desinformación intenta desacreditar una gestión que redujo en más del 50 % el riesgo financiero del país.
La Procuraduría General de la República (PGR), bajo la conducción de Manuel Antonio Díaz Galeas, concluyó la administración 2022–2026 dejando cifras que no admiten relatos alternos: 18 demandas internacionales enfrentadas, un riesgo inicial de US$17,841 millones, y una reducción del pasivo contingente del 54 %, hasta US$8,361 millones.
Pese a estos resultados, en los últimos días sectores vinculados al nuevo gobierno han lanzado ataques directos y narrativas falsas que buscan instalar la idea de una gestión negligente o incluso lesiva para el Estado. Los expedientes, sin embargo, cuentan otra historia.
Defensa jurídica real, no discursos
Lejos de “evadir obligaciones”, como se ha insinuado desde algunos espacios mediáticos y políticos, la PGR ejecutó una estrategia técnica, profesional y coordinada frente a tribunales internacionales de arbitraje.
Entre los logros más relevantes destacan:
- Tres demandas arbitrales desistidas por los propios inversionistas.
- Reducción del 85 % de una de las reclamaciones más grandes de la historia del arbitraje internacional, interpuesta por Honduras Próspera Inc., que inicialmente superaba los US$10,700 millones.
- Evitar contingencias por más de US$400 millones en el sector energético tras el desistimiento de demandas de Scatec ASA, Norfund y KLP Norfund Investments.
- Condena a Palmerola International Airport S.A. al pago de US$443,265.42 en costas procesales a favor del Estado hondureño.
Estos resultados no solo protegieron las finanzas públicas, sino que cerraron la puerta a litigios especulativos que históricamente han drenado recursos en países de la región.
La nueva narrativa: mentiras repetidas no hacen verdad
En paralelo al cierre de esta administración, ha circulado información tergiversada sobre supuestas demandas “personales” contra el exprocurador y otros funcionarios, así como el uso indebido de fondos públicos para defensa privada.
Antonio Díaz Galeas ha sido claro: no existe ninguna controversia de índole personal.
Las acciones legales en Estados Unidos involucran a agentes estatales que actuaron en representación del Estado de Honduras, una figura plenamente reconocida en el derecho público, internacional y estadounidense.
El caso más citado por sus detractores —relacionado con Paul Murray Farmer y DRC Inc.— es precisamente aquel en el que la defensa liderada por la PGR impidió un saqueo de más de 3 mil millones de lempiras al tesoro nacional. Los procesos penales derivados siguen su curso en los tribunales hondureños.
Calificar esta defensa como “personal” no solo es jurídicamente falso: prepara el terreno para transacciones lesivas al interés público, una práctica que el país ya conoce demasiado bien.
Hospìtales móviles: otra herencia del pasado, otra defensa en marcha
A esto se suma una nueva demanda por US$2 millones, presentada en Estados Unidos por Vertisa Corporation, empresa vinculada a Axel López, relacionada con los cuestionados hospitales móviles adquiridos durante la pandemia.
La PGR confirmó que el contrato en disputa se firmó violando la legislación hondureña de contratación pública, durante la gestión de INVEST-H, y que ya se activaron todas las acciones legales necesarias para defender al Estado.
Una vez más, los hechos apuntan a responsabilidades heredadas, no a la gestión que hoy se intenta desacreditar.
Una PGR ordenada y un legado incómodo
La administración 2022–2026 deja a la nueva gestión:
- Casos ordenados y documentados
- Estrategias de defensa claramente definidas
- Equipos legales internacionales de primer nivel ya contratados
- Una expectativa real de eliminar definitivamente los pasivos contingentes
Por eso los ataques.
Porque una defensa jurídica firme estorba a quienes prefieren la transacción, el silencio o la impunidad.
Para una generación que desconfía —con razón— de los relatos oficiales, los datos son claros: la gestión de Antonio Díaz Galeas no endeudó al país, lo protegió.
