El ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, por el desvío millonario de fondos del Fideicomiso de Infraestructura Vial, administrado por Invest-H.
Según la denuncia, más de 18,500 millones de lempiras fueron ejecutados irregularmente entre 2018 y 2022, desviando recursos destinados a la reparación y rehabilitación de carreteras para la compra de hospitales móviles e insumos médicos durante la pandemia de COVID-19.
El fideicomiso, constituido en el Banco de América Central Honduras S.A. (BAC-Credomatic), utilizó más de 1,100 millones de lempiras para adquirir hospitales móviles de pésima calidad. Además, sin la autorización requerida por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Presupuesto, el fideicomiso contrajo deuda pública por casi 13,000 millones de lempiras.
Marlon Ochoa, subrayó que estos actos de corrupción involucran tanto a funcionarios públicos como a actores privados, y señaló que los fondos se manejaron fuera de la Ley de Contratación del Estado. La denuncia destaca la destrucción de documentación de respaldo de muchos gastos y el borrado de servidores que contenían información crucial sobre el fideicomiso.
El ministro de Finanzas hizo un llamado al Ministerio Público, para que investigue estas irregularidades y recupere las pruebas necesarias de diferentes ubicaciones y registros físicos y electrónicos. Según Ochoa, este desvío es parte de una red de corrupción de alto impacto que operó impunemente, afectando gravemente el erario público.
La denuncia también abarca tres fideicomisos adicionales, elevando el monto total de fondos desviados a más de 95 mil millones de lempiras. Ochoa insta a que se determinen las responsabilidades penales y se cuantifiquen los daños ocasionados al Estado hondureño.
La denuncia presentada por Marlon Ochoa sobre el desvío de fondos del Fideicomiso de Infraestructura Vial administrado por Invest-H pone de relieve un caso grave de corrupción que afectó significativamente los recursos públicos destinados a infraestructura y servicios esenciales durante la pandemia.
Esta acción es crucial para determinar las responsabilidades penales y mitigar los daños económicos infligidos al Estado hondureño, reafirmando el compromiso con la transparencia y la justicia.
