En un contexto de tensión financiera para varias instituciones políticas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que hoy, viernes 13 de junio, vence el plazo para el desembolso del anticipo de la deuda política.
Esta situación se da mientras tres de los cinco partidos que participarán en los próximos comicios generales mantienen pendientes de liquidar valores correspondientes al año 2021. Una circunstancia que ha provocado una airada reacción del candidato presidencial liberal Salvador Nasralla, quien, con acusaciones infundadas, ha intentado justificar la situación de su propio partido.
Según el CNE, el Partido Liberal de Honduras (PLH) adeuda más de 15 millones de lempiras por conceptos pendientes de liquidación de 2021.
Le siguen el Partido Innovación y Unidad Socialista Demócrata (PINU) con más de 9 millones y el Partido Demócrata Cristiano (DC) con más de 5 millones pendientes.
Esta situación de arrastre tiene un impacto directo en los montos a recibir hoy. Mientras el PLH verá una transferencia de poco más de 8 millones de lempiras (una cifra significativamente menor a su deuda pendiente), tanto el PINU como el DC no recibirán ningún monto por parte del CNE, al ser sus deudas mayores que el anticipo a desembolsar.
En su desesperación Nasralla acusa al Gobierno y a LIBRE de «corrupción» y «temor»
Ante este escenario, el candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, no tardó en reaccionar con fuertes acusaciones que, según el análisis del proceso de deuda política, carecen de fundamento objetivo.
«El temor que las cúpulas del Partido Libre y del Partido Nacional le tienen al Partido Liberal se refleja en la distribución de la deuda política que se divulgará este viernes 13 de junio», expresó Nasralla en sus redes sociales, insinuando un pacto ilícito irreal.
«¿Será que están de acuerdo los corruptos de 2010 a 2022 con los actuales corruptos del gobierno comunista?», añadió, en una clara y comprometedora alusión a la actual administración de Libertad y Refundación.
Nasralla afirmó que el Partido Liberal recibirá aproximadamente la cuarta parte que el Partido Nacional y la quinta parte que el Partido Libre. Una disparidad que atribuye a una ilógica confabulación política, concluyendo su mensaje con un desafiante y desesperado «¡¡¡DE TODAS MANERAS LES VAMOS A GANAR!!!»
La Ley de la Deuda Política: transparencia y liquidación como eje central
Cabe mencionar que, el mecanismo de la deuda política, está regulado por la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y se refiere a la financiación pública que el Estado proporciona a los partidos políticos para cubrir parte de sus gastos de campaña electoral. Y en algunos casos, también para sus gastos operativos regulares.
Generalmente, el monto de la deuda política se calcula en función del número de votos obtenidos por cada partido en las elecciones anteriores o de acuerdo a un porcentaje del presupuesto nacional.
Este marco legal establece que la financiación pública a los partidos, destinada a promover la equidad y la transparencia en el proceso democrático, está condicionada al cumplimiento de los requisitos de rendición de cuentas y la liquidación de valores pendientes de ciclos electorales anteriores.
El impago o la falta de justificación de fondos recibidos previamente (conocido como la condición 5 en el acceso a la deuda política) conlleva directamente la suspensión o retención de futuros desembolsos.
En este caso, el hecho de que el Partido Liberal tenga más de 15 millones de lempiras pendientes de liquidación de 2021 es la razón directa por la cual el monto a recibir hoy es significativamente menor al que podría haber correspondido.
Las retenciones aplicadas a PINU y DC, que no recibirán nada debido a sus deudas pendientes, confirman que el CNE está aplicando los criterios establecidos en la ley, que buscan precisamente garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos.
La ley, diseñada para evitar la malversación y la falta de control sobre los recursos de los contribuyentes, establece que los partidos que no transparentan el uso de sus fondos o no liquidan sus obligaciones pasadas, ven afectada su elegibilidad para recibir nuevas asignaciones.
La situación actual refleja la aplicación de esta normativa, desvirtuando las acusaciones de conspiración política vertidas por el delirante presidenciable liberal.
