En Honduras, un puñado de apellidos decide el destino de millones. Mientras la mayoría lucha por sobrevivir en un país asfixiado por la desigualdad, las diez familias más poderosas Atala-Faraj, Bueso Anduray-Goldstein, Nasser Facussé, Kafie Larach, Canahuati, Larach, Bueso-Callejas, Sáenz y Pérez-Facussé, han tejido una red de privilegios fiscales que drenan los recursos del Estado y profundizan la brecha entre ricos y pobres. 

Entre 2019 y 2021, bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, estas dinastías económicas obtuvieron más de 66 mil millones de lempiras en exoneraciones tributarias, según datos revelados.

Pero lo más escandaloso no es solo el monto, sino la concentración: 142 empresas vinculadas a estas familias acaparan el 66.8% de todas las exoneraciones del sector privado. Es decir, mientras las pequeñas y medianas empresas cargan con impuestos, los gigantes industriales: dueños de bancos, medios de comunicación, energéticas y textiles, operan en un paraíso fiscal doméstico, blindado por leyes hechas a su medida. 

El monopolio de la riqueza, la privatización del Estado

Detrás de estas cifras hay un sistema diseñado para perpetuar el poder. Estas familias no solo controlan la economía, sino también la narrativa. Cuando el gobierno actual impulsó la Ley de Justicia Tributaria, una iniciativa que busca redistribuir la carga fiscal y aumentar la recaudación para invertir en salud, educación e infraestructura, los grandes medios, muchos de ellos propiedad de estos mismos grupos, lanzaron una campaña de desprestigio. 

Acusaron al Estado de «asfixiar a la empresa privada», pero callaron que, en realidad, esa «empresa privada» es un club selecto que evade impuestos mientras el pueblo paga los platos rotos.

Justicia tributaria: ¿el fin de un sistema desigual?

La pregunta que resuena es: ¿Hasta cuándo? La reforma fiscal pretende romper este círculo de privilegios, pero el poder de estas élites es tan vasto que la batalla no será fácil. Mientras tanto, 66 mil millones de lempiras en exoneraciones siguen siendo la prueba de que, en Honduras, la riqueza no se genera, se hereda; y los impuestos no se pagan, se negocian. 

El dilema es claro: o el país sigue siendo el feudo de unos pocos, o se convierte en una nación donde la justicia tributaria sea, al fin, sinónimo de justicia social.