Durante años, Salvador Nasralla ha construido su figura política con base en un discurso anticorrupción y «transparencia ejemplar». Pero, su gestión como designado presidencial en el gobierno de la presidenta dejó más sombras que luces.

En 2022, recibió una asignación de 12 millones de lempiras del presupuesto nacional para ejecutar proyectos sociales, fondos que hasta la fecha no ha logrado justificar.

A pesar de su retórica constante contra la corrupción, Nasralla nunca entregó una liquidación completa y ordenada del uso de esos recursos públicos, ni explicó claramente en qué proyectos se invirtieron, quiénes fueron contratados, o cuánto se pagó por servicios.

Este señalamiento es un tema serio de responsabilidad pública. Salvador Nasralla dejó el cargo de designado presidencial para volver a lanzarse a la presidencia, sin antes rendir cuentas del presupuesto que se le confió ¿Cómo puede pretender dirigir un país si no pudo manejar con transparencia una partida presupuestaria limitada bajo supervisión directa?

El doble discurso de Nasralla debería preocupar a quienes aún creen en su narrativa, su incapacidad de demostrar con claridad el uso de recursos públicos contradice todo lo que ha predicado desde sus inicios en la política. La coherencia entre el decir y el hacer es clave para cualquier aspirante presidencial. En este caso, la evidencia indica que Nasralla no la tiene.