Un nuevo capítulo en la controversia política que rodea al diputado y ex precandidato presidencial liberal Jorge Cálix se abrió hoy, luego de que el diputado de Libertad y Refundación (LIBRE) y abogado, Manuel Rodríguez, se apersonara al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar una investigación en su contra por el presunto delito de dolo.
Rodríguez aseguró que Cálix habría «usurpado una clave catastral» de una propiedad ubicada en el departamento de Olancho para poder inscribirse como candidato a la reelección.
Violación de la Constitución y dolo
El abogado Rodríguez, quien acudió a título personal al CNE, sostuvo que la inscripción de Cálix como candidato por Olancho violenta las normas procesales y constitucionales, ya que «la constancia de Olancho le aparece esa esa cuestión ahí a otra persona. O sea, la clave catastral le pertenece a otra persona. El bien inmueble le pertenece a otra persona».
Además, Rodríguez señaló que la Constitución de la República no permite la postulación, debido a que Cálix ha ejercido tres veces como diputado por Francisco Morazán y «no puede decir que reside en Olancho».
Ante estas irregularidades, el abogado solicitó la intervención del Ministerio Público: «El Ministerio Público tiene que investigar si hay dolo que se actúe conforme a la ley».
Tensión y crisis en el Partido Liberal
Este episodio se desarrolla en un ambiente de creciente tensión política a lo interno del Partido Liberal. Jorge Cálix Espinal, un político con un historial cuestionado, renunció a LIBRE y se integró al Partido Liberal, donde fue derrotado por Salvador Nasralla en las elecciones primarias de 2025 para la candidatura presidencial.
Analistas políticos consideran que las presiones por la inscripción de Cálix abren una crisis interna que podría generar rupturas en la institución política, especialmente si busca la presidencia del Congreso Nacional en el próximo periodo legislativo.
La situación pone de manifiesto la percepción de que el Partido Liberal «sigue demostrando su tolerancia a la corrupción y a la violación del debido proceso, lo cual, reafirma que siguen siendo parte de prácticas que desde el bipartidismo han sumido a Honduras en la corrupción durante años».
