El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en el epicentro de una nueva crisis de credibilidad. Tras la denuncia formal presentada por el consejero Marlon Ochoa ante la comunidad nacional e internacional, la dirigencia del partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha reaccionado de manera contundente, tildando el proceso en curso de “golpe electoral” y “absoluto fiasco”, afirmando que el monumental fraude fue ejecutado conforme a una conspiración previamente advertida.

La base de la denuncia, reiterada por altos funcionarios del Ejecutivo, apunta a fallas sistémicas graves en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El consejero Ochoa detalló que de 15,297 actas procesadas, 13,246 —equivalentes al 86.6%— presentan errores e inconsistencias entre el registro biométrico y el contenido digital del acta, lo que se traduce en una diferencia de 982,142 votos sin sustento verificable.

Dirigentes de LIBRE ratifican tesis del ‘Golpe Electoral’

Russel Garay, ministro de Servicio Civil, fue uno de los más explícitos al declarar que el partido ya había advertido del “golpe electoral en contra de la voluntad popular” desde el pasado 31 de octubre. Garay presentó un tríptico de pruebas que, a su juicio, confirman la trama: «Un sistema TREP hackeado que muestra inconsistencias en el 86.6% de las actas transmitidas,» una “injerencia extranjera sin precedentes” con el llamado directo al voto del expresidente Donald Trump, y una “campaña de terror” en zonas rurales donde se movilizaron maras y narcotraficantes para suprimir el voto.

Las reacciones de otros líderes de LIBRE reforzaron el clima de escándalo. Fausto Cálix, gerente general de Aduanas, brindó un espaldarazo a Ochoa, señalando que el tiempo le había dado la razón a su denuncia, la cual se produjo a pesar de haber sido atacado “descomunalmente con odio, mentiras y una matriz mediática que impuso la narrativa escrita y fabricada por el bipartidismo.”

En la misma línea, el vicecanciller Gerardo Torres Zelaya calificó el proceso como un “escandaloso robo e irrespeto a la voluntad popular.” Por su parte, Angélica Álvarez, candidata a designada presidencial, fue dramática al aseverar que el fraude “se está consumando en el CNE,” y que los audios de la conspiración “todo se cumplió a cabalidad,” agravado por “la injerencia, las amenazas, el chantaje y un indulto.”

Malcolm Stufkens Salgado, ministro de Migración, concluyó que el proceso democrático carece de “credibilidad y transparencia,” enumerando las fallas: «Fallas graves en el TREP (inconsistencias en 86.8% de las actas), injerencia externa descarada (gringos) y intimidación-coacción que limitaron al pueblo ejercer su elección libremente».