Un grupo de 85 economistas de renombre internacional respaldó la decisión de Honduras de retirarse el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM). Argumentan que este tribunal ha limitado la soberanía de los países, socavando su capacidad para regular en beneficio de sus ciudadanos y el medio ambiente.

El retiro del CIADI es considerada por los economistas como un paso fundamental para proteger la democracia en Honduras y promover su desarrollo sostenible. Desde 1996, los tribunales internacionales de arbitraje han obligado a los países latinoamericanos a pagar más de 30.000 millones de dólares a corporaciones extranjeras, afectando así sus prioridades de política nacional.

En el caso específico de Honduras, las demandas interpuestas por empresas ante el CIADI, incluida una por más de 10.000 millones de dólares, han generado preocupación. Esta demanda proviene de Próspera Inc. y está relacionada con la derogación de una ley sobre Zonas Especiales de Desarrollo Económico, acusada de vender partes del territorio hondureño a inversores extranjeros.

Los economistas creen que el retiro de Honduras del CIADI, refleja un cambio global hacia una mayor regulación y control sobre las prácticas empresariales internacionales.

Ejemplos recientes incluyen la salida de la Unión Europea del Tratado sobre la Carta de la Energía y la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de no incluir disposiciones sobre tribunales corporativos en futuros acuerdos comerciales.

Frente a los que abogan por tribunales como el CIADI, los economistas declaran que encuentran “escasas pruebas económicas de que mecanismos como el CIADI estimulen a cambio una inversión extranjera directa significativa”.