Un informe del portal informativo Pro-Honduras Network reveló una lista de 25 diputados del Partido Liberal (PLH) que, según documentos judiciales de Estados Unidos (EE. UU.), recibieron 20 millones de lempiras del narcotráfico.
El dinero fue utilizado para garantizar el apoyo necesario para la elección del nacionalista Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional (CN) durante el período 2014-2018.
La investigación, que se apoya en audios, videos y testimonios presentados ante cortes de Estados Unidos en casos relacionados con el narcotráfico, detalla que estos legisladores «vendieron» sus votos.
Esta acción no solo aseguró el liderazgo de Oliva en el Poder Legislativo, sino que también contribuyó a la consolidación del control del Partido Nacional sobre el Estado.
Dicha estructura política, según la información, fue crucial para la posterior reelección ilegal de Juan Orlando Hernández en 2017, quien hoy cumple una condena de 45 años en Estados Unidos.
El listado de los 25 diputados fue divulgado en el marco del proceso judicial contra el exdiputado liberal Midence Oquelí, quien se declaró culpable de conspiración para el tráfico de drogas. De manera similar, durante el juicio contra el exdiputado Fredy Nájera, otra figura clave de la narcopolítica hondureña, se presentaron pruebas de estos pagos ilícitos, incluyendo videos que confirman la participación de varios de los mencionados.
Según Pro-Honduras Network, la lista incluye a figuras prominentes como:
- Yani Rosenthal (mencionado como operador financiero del narco)
- Víctor Sabillón
- Christian Santamaría
- María Leiva
- Yuri Sabas
- Carlos Lara
- Gloria Bonilla
- José Gauggel
- Lisandro Arias
- Marlón Lara
- Rafael Nodarse
- Ramón Chacón
- Gabriela Núñez
- Yadira Bendaña
- Waldina Paz
- Marco Antonio Andino
- Seth Wood
- Jerry Hynds
- Manuel Fiallos
- Nery Reyes
- Fredy Nájera
- Hugo Hernández
- José Saavedra
- José Portillo
- Maritza Varela
Además, durante el juicio de Juan Orlando Hernández, la Administración de Control de Drogas (DEA) confirmó que este tipo de esquemas de «patrocinio» en el Congreso han sido una práctica recurrente.
Un ejemplo previo, citado en el juicio, es el del excapo Víctor Hugo Díaz, alias «El Rojo», quien supuestamente patrocinó la carrera política de Oliva en las elecciones de 2010 con unos 115 millones de lempiras para asegurar su presidencia legislativa en aquel periodo.
La operación de 2014 no solo enriqueció a los diputados liberales involucrados, sino que también formó parte de un engranaje político que garantizó impunidad para redes criminales vinculadas al expresidente Hernández.
