La violencia política golpea nuevamente al país: el ingeniero Óscar Bustillo, aspirante a diputado en Yoro por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), fue asesinado en su vivienda del barrio Montecristo, en el departamento de Yoro.

El crimen ha generado conmoción en la zona y en todo el país, especialmente porque ocurre a menos de tres meses de las elecciones generales del 30 de noviembre.

En el departamento de Yoro, la violencia política no es cosa nueva, cabe recordar que en la historia reciente hay antecedentes que involucran a actores claves del Partido Nacional y Liberal como principales promotores de violencia política.

Por ejemplo, en los expedientes de la Fiscalía de Estados Unidos contra el dirigente del Partido Nacional y exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto y su familia, conocidos como el Clan Urbina, revelan un historial de violencia política contra adversarios.

Arnaldo Urbina, está condenado por narcotráfico y vinculado a actos criminales y extorsiones que afectaron al tejido social y económico local y regional. A pesar de que Urbina permanece preso, el poder e influencia de su familia sigue intacto en la zona.

El departamento de Yoro, en los últimos años también ha sido testigo de confrontaciones electorales, otro caso parecido al de la familia Urbina, es el del actual alcalde de El Progreso, Alexander López, quien además es coordinador de campaña de Salvador Nasralla en Yoro.

López quien además fue incluido en la “Lista Engel” ha recibido acusaciones de prácticas autoritarias y violencia política que apuntan a un patrón de impunidad y uso de la fuerza para desacreditar y desarticular adversarios.

Su último caso, fue ordenar a la Policía Municipal de El Progreso, disparar contra personas que se manifestaban a favor de la remodelación del Estadio Humberto Micheletti por parte del Gobierno que dirige la presidenta Xiomara Castro.

Ambos casos constituyen antecedentes que ilustran cómo el bipartidismo en Yoro ha contribuido históricamente a ambientes propicios para la violencia política contra opositores.

Es en este contexto, que el asesinato de Bustillo resulta inaceptable en cualquier circunstancia, y más aún en el contexto electoral.

El crimen contra Óscar Bustillo no puede quedar impune. Es urgente que surja una respuesta con firmeza, que además de investigar este crimen, revise los antecedentes de violencia política cometidos por el bipartidismo, solo así, se podrá proteger la democracia y el derecho a competir libremente.