En el quinto día del juicio sobre la «Tasa de Seguridad» en la Corte del Distrito Sur de la Florida los testimonios de Gabriela Salgado, exsuplente del Comité Técnico de la Tasa, y de Juan Ramón Molina, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), expusieron cómo la estructura, creada para la seguridad, funcionó como una «cascada de sobornos» que llegaban hasta la presidencia de la República liderada por el narcotraficante Juan Orlando Hernández alias ”JOH”.

El testimonio de Gabriela Salgado refuerza la acusación

Salgado, exfuncionaria de la Embajada de Estados Unidos (EE. UU.), explicó que la Tasa de Seguridad fue un ente público que recaudaba millones a través de un impuesto del 1.5% a transacciones bancarias.

Su testimonio fue crucial para demostrar que los implicados actuaron como «funcionarios extranjeros» bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE. UU.

La testigo detalló cómo el Comité Técnico, integrado por Francisco Cosenza, Juan Ramón Molina y ella misma, manipulaba licitaciones para favorecer a empresas como Atlanco.

Sobornos, lujos y la complicidad del COHEP

El juicio se centró en exponer cómo el dinero de la Tasa de Seguridad era utilizado para caprichos personales de los funcionarios.

Un dato que capturó la atención de la corte fue la solicitud del exdirector de la Tasa, Francisco Cosenza, de un costoso reloj Rolex a cambio de un soborno.

Además, el testimonio de Juan Ramón Molina, representante del COHEP, reveló la supuesta complicidad del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.

La Fiscalía presentó un oficio firmado por la expresidenta del COHEP, Aline Flores, que solicitaba la designación de Molina y de José Eduardo Atala Zablah en el Comité de la Tasa de Seguridad.

Molina admitió haber recibido alrededor de 300,000 dólares en sobornos, los cuales se destinaron a propiedades personales y cuentas en el extranjero.

Confesó que, junto a Cosenza, manipuló licitaciones para favorecer a la empresa Atlanco, y que los sobornos ascendían al 8% para él y al 10% para Cosenza.

Juan Orlando Hernández, con «la última palabra»

La evidencia, que incluye correos electrónicos de ejecutivos de Atlanco, reveló que el exministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, informaba directamente al entonces presidente Juan Orlando Hernández (JOH) sobre los negocios de la Tasa de Seguridad.

Un correo en particular confirmaría que «el presidente (JOH) tenía la última palabra» en los contratos.

También se reveló que la empresa «Sky Honduras», liderada por Cosenza y Molina, fue utilizada para lavar los fondos de los sobornos.

Lo que se ha expuesto en la corte de EE. UU. deja en evidencia que la «seguridad» del pueblo hondureño fue, en realidad, un pretexto para un negocio de corrupción internacional que funcionó con el aval de funcionarios de alto nivel, militares y empresarios.