Jóvenes de Honduras, escuchen este grito de alerta: el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo el control del bipartidismo del Partido Nacional y el Partido Liberal, aprobó un modelo de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que revive el esquema fraudulento de 2013 y 2017.

Este sistema, denunciado por el consejero Marlon Ochoa, incluye la verificación manual de actas, un mecanismo diseñado para manipular resultados y retrasar la voluntad popular. Los fraudes electorales no son solo un robo de votos; son un ataque directo al futuro, oportunidades y la voz de los jovenes.

En 2013 y 2017, los jóvenes pagaron el precio más alto: represión, desempleo, migración forzada y la pérdida de vidas. Hoy, en 2025, el riesgo de repetir esta tragedia es real. Desde una perspectiva socialista democrática y revolucionaria, esta nota es un llamado a la acción para que defendamos nuestro derecho a un país justo y transparente.

2013: EL FRAUDE QUE MARCÓ EL INICIO DE LA PESADILLA

En 2013, las elecciones generales estuvieron marcadas por el fraude que consolidó el poder del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández (JOH). Según el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR), el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades, incluyendo la manipulación del censo electoral y la intimidación a observadores locales. El sistema TREP, operado por empresas cuestionadas, permitió un conteo opaco que favoreció a JOH, pese a la fuerte competencia de Xiomara Castro (LIBRE) y el emergente movimiento de resistencia post-golpe de 2009.

IMPACTO EN LOS JÓVENES

• Económico: El gobierno surgido del fraude profundizó las políticas neoliberales, privatizando servicios públicos y reduciendo el gasto social. Según el CEPR, el desempleo juvenil alcanzó el 20% en 2014, y el subempleo afectó al 40% de los jóvenes, especialmente en zonas urbanas como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Miles se vieron forzados a migrar, enfrentando peligros en la ruta hacia Estados Unidos.
• Político: La represión contra movimientos estudiantiles y juveniles que denunciaron el fraude fue feroz. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se convirtió en un epicentro de protestas, pero los jóvenes enfrentaron detenciones arbitrarias y criminalización. La falta de representación juvenil en el Congreso (solo el 3% de los diputados eran menores de 35 años) silenció nuestras demandas.
• Social y cultural: El fraude reforzó una cultura de desconfianza en las instituciones. Los jóvenes, que comenzaron a organizarse en colectivos como Los Indignados, vieron sus espacios de expresión limitados por la censura y la violencia estatal. La migración masiva fracturó comunidades, dejando a muchos sin redes de apoyo familiar.
• Muertes: Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, al menos 36 candidatos y familiares fueron asesinados en los seis meses previos a las elecciones, y varios jóvenes activistas perdieron la vida en protestas postelectorales, aunque no se especifica un número exacto de víctimas juveniles.

2017: LA FURIA JUVENIL CONTRA EL ROBO ELECTORAL

El fraude de 2017 fue aún más descarado. El TREP, contratado por 7 millones de dólares a empresas como Grupo MSA, colapsó tras un “apagón informático” de 36 a 53 horas, mientras Salvador Nasralla lideraba por 5 puntos. Al reanudarse el conteo, JOH revirtió la tendencia, ganando por un margen de 1-2%. La OEA calificó el proceso como “no confiable”, y la represión contra las protestas dejó entre 23 y 33 muertos, según la OACNUDH y COFADEH.

IMPACTO EN LOS JÓVENES

• Económico: La crisis postelectoral agravó la precariedad. En 2018, el 64% de los jóvenes trabajaban en el sector informal, sin seguridad social ni estabilidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inversión extranjera cayó, y las oportunidades de empleo formal para graduados universitarios se redujeron drásticamente. Miles de jóvenes, desesperados, engrosaron las caravanas migratorias de 2018 y 2019.
• Político: Los jóvenes lideraron las protestas, organizados en movimientos como la Alianza Contra la Dictadura y Los Indignados. Sin embargo, la respuesta estatal fue brutal: toques de queda, gases lacrimógenos y balas. Según Waging Nonviolence, la juventud se politizó masivamente, pero la criminalización de la protesta desmovilizó a muchos. La falta de una reforma electoral profunda mantuvo a las élites en el poder, ignorando las demandas juveniles por transparencia.
• Social y cultural: El fraude profundizó la desconfianza en la democracia. Los jóvenes, que representamos el 60% de la población menor de 30 años, nos sentimos traicionados. La cultura de resistencia creció, con expresiones como el grafiti “Fuera JOH” en San Pedro Sula, pero también aumentó la apatía política entre quienes vieron sus esfuerzos reprimidos. La migración separó a familias, dejando a jóvenes sin referentes culturales o comunitarios.
• Muertes: La OACNUDH reportó que al menos 23 personas murieron en protestas postelectorales, muchas de ellas jóvenes. Organizaciones locales como COFADEH estiman hasta 33 víctimas, con un número significativo de estudiantes y activistas juveniles entre los fallecidos. Un caso emblemático fue el de Isy Obed Murillo, un joven asesinado en 2009, cuyo legado inspiró a la resistencia juvenil en 2017.

2025: EL PELIGRO DEL TREP Y EL FUTURO ROBADO

Estos mismos esquema, que podría adjudicarse a empresas como Mapa Soluciones (señalada en procesos previos), amenaza con bloquear la decisión soberana del pueblo. Si el fraude se consuma, los jóvenes enfrentaremos un retroceso catastrófico.

Jóvenes, es hora de actuar. Honduras no puede repetir la tragedia de 2013 y 2017. Los fraudes electorales no solo roban votos; nos roban el derecho a estudiar, trabajar y vivir sin miedo.