En Honduras, varios altos funcionarios que formaron parte de los dos mandatos Presidenciales del narcotraficante acusado en New York, Juan Orlando Hernández (2014-2022). Se encuentran hoy, bajo la lupa de la justicia, enfrentando serias acusaciones que van desde la corrupción hasta el narcotráfico.

Tras la salida de JOH de la presidencia el 27 de enero de 2022, luego de una reelección plagada de denuncias por fraude electoral y financiamiento ilícito por parte de narcotraficantes. Comenzó el desplome de su círculo cercano, quienes ahora se ven atrapados en una red de investigaciones y procesos judiciales.

El primero en caer fue el propio Juan Orlando Hernández, quien poco después de dejar la presidencia fue solicitado en extradición por Estados Unidos, acusado de colaborar con el tráfico de drogas hacia ese país. El 14 de febrero de 2022, la solicitud fue concretada, marcando el inicio de una serie de caídas en desgracia de exfuncionarios de su administración.

Seguidamente David Chávez, exdirector del Instituto Hondureño de Formación Profesional (INFOP) y Nasry Asfura, exalcalde capitalino y precandidato presidencial por el partido nacional, ambos vinculados a actos de corrupción, han clamado por un juicio justo para Hernández, mientras ellos mismos enfrentan procesos legales en el país.

Nicaragua: Refugio de políticos hondureños ligados a actos de corrupción

Ebal Díaz, exsecretario de la presidencia y uno de los hombres más cercanos a JOH, fue el primero en abandonar Honduras, dirigiéndose a Nicaragua. Un país sin tratado de extradición. Ebal es investigado por actos de corrupción relacionados con la compra irregular de “Casas Contenedores” durante los desastres causados por los fenómenos tropicales ETA e IOTA en 2020.

También señalado en documentos desclasificados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su relación con el narcotráfico.

El caso de la exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora, y la exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, es otro ejemplo de cómo el entramado de corrupción se extendía hasta los más altos niveles del gobierno de Hernández. Ambas exfuncionarias enfrentan cargos por fraude y violación a los deberes de los funcionarios, vinculados a la escandalosa compra de hospitales móviles durante la pandemia de la COVID-19 en 2020.

El actual gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, ha marcado un fuerte contraste con el régimen anterior, presentándose como un ejemplo de justicia y seguridad en Honduras.

Xiomara Castro, ha dejado claro que no tolerará actos de corrupción ni complicidad con el narcotráfico en su administración, estableciendo un firme compromiso con el pueblo hondureño de erradicar estas prácticas y garantizar que todos aquellos que han abusado de sus cargos enfrenten las consecuencias de sus actos.