Guilfredo Cerrato Santos, exministro de Finanzas durante la administración de Juan Orlando Hernández, ha sido objeto de una orden de captura emitida por el Ministerio Público de Honduras.
Esta orden se presunta implicación de actos de corrupción, en la compra fraudulenta de camiones para el Cuerpo de Bomberos de Honduras. Según las investigaciones, Cerrato, en complicidad con Héctor Ayala Alvarenga, exsecretario de gobernación, está acusado de facilitar y participar en una operación que defraudó al Estado por más de 81 millones de lempiras.
El caso involucra la adquisición de siete camiones que, según las investigación, no cumplen con las especificaciones técnicas prometidas y presentan graves fallas mecánicas. Guilfredo Cerrato Santos, quien en su rol como asesor de Ayala Alvarenga, presuntamente ejerció presión para que la compra se realizara a través de una empresa no registrada en el país B SAFE Security.
Este hecho constituye una violación de las normativas legales y ha desencadenado una serie de cargos en su contra, incluidos los de complicidad en estafa y uso de documentos falsos.
Además de este caso, Guilfredo Cerrato ha sido vinculado a otras investigaciones relacionadas con actos de corrupción durante su tiempo como ministro de Finanzas. Se le ha señalado por supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos y por su participación en operaciones que beneficiaron a redes de corrupción dentro del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Las acusaciones en su contra destacan su rol de las transacciones que desviaron recursos destinados a proyectos sociales y de infraestructura.
La orden de captura contra Wilfredo Cerrato es un paso en la lucha contra la corrupción del país. Su posible enjuiciamiento son vistos como un esfuerzo por parte del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, y las autoridades judiciales para recuperar los fondos públicos malversados.
