La reciente noticia sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos ha generado una fuerte atención en Honduras y en toda la región. Aunque la decisión final puede tomar hasta seis meses, lo cierto es que el gobierno estadounidense, cumpliendo con sus leyes, ya definió el estatus de los compatriotas que viven en ese país bajo el esquema de TPS.
El vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio García, ha sido claro: “Por ley están obligados a tomar una decisión 60 días antes que expire la última prórroga, y ya lo hicieron. El anuncio puede ser hoy o en seis meses, pero el camino del TPS sigue”.
Actualmente, el TPS vence el 5 de julio, y, según la ley, si no hay un pronunciamiento oficial, se activa automáticamente una extensión por seis meses más. Esto quiere decir que, por ahora, todo sigue en calma y sin cambios inmediatos que afecten a nuestra gente.
Es importante recordar que el TPS fue instaurado en 1990 con la finalidad de atender emergencias humanitarias, sociales y ambientales. En el caso de Honduras, fue entregado en 1998 como apoyo tras los devastadores efectos del huracán Mitch, que dejó más de 5,000 muertes y toda una nación en reconstrucción.
Desde entonces, el TPS ha sido un mecanismo fundamental para proteger a nuestros conciudadanos, permitiéndoles vivir, trabajar y contribuir al desarrollo de sus comunidades en Estados Unidos, mientras Honduras se recuperaba de varias crisis.
Sin embargo, en los últimos años, la Administración Trump ha adoptado una postura mucho más dura y restrictiva respecto a este programa. Desde su primer mandato en 2017, la política de Trump ha sido cancelar o reducir los beneficios del TPS para varias naciones, incluyendo a Honduras, El Salvador, Haití y Nicaragua. En Honduras, no se amplió el TPS en 2017, aún cuando la administración era del Partido Nacional — Juan Orlando Hernández — quien presumía de una relación “cordial y cercana” con la Casa Blanca.
El gobierno de Donald Trump priorizó — y en algunos casos, implementó — un enfoque que combinó la reducción de beneficios migratorios con una retórica restrictiva. La finalidad parecía ser disuadir la migración irregular y revalorizar políticas migratorias más estrictas, pero dejando en claro que los derechos de los migrantes se tornaban en un tema secundario frente a sus intereses políticos y económicos.
Esta tendencia generó rechazo y preocupación en diversos sectores, incluyendo a nuestra comunidad hondureña en EE. UU., que lucha cada día por mantener su estabilidad y sus oportunidades, considerando que es un derecho ya ganado, como bien lo expresó la Presidenta Xiomara Castro: “Es el trabajo migrante el que sostiene la economía del imperio norteamericano.”
Desde la llegada de la Presidenta Xiomara Castro, el rumbo ha cambiado: Honduras reitera su compromiso con la protección y los derechos de nuestros migrantes, entendiendo que esta lucha no solo se trata de derechos humanos, sino también de reconocimiento y dignidad para nuestro pueblo.
La posición oficial del gobierno es firme, clara y de esperanza: no permitiremos que el temor o la incertidumbre nos paralicen. El proceso electoral de noviembre debe realizarse en un entorno de paz y tranquilidad, para que los hondureños decidan su destino. No puede ser en un pueblo sometido a la guerra cognitiva y a la manipulación mediática.
La administración Trump, en particular, ha mostrado una política más confrontacional con países del Triángulo Norte, buscando imponerse con medidas que, a menudo, generan más daño que beneficios reales. La política migratoria ha sido usada como arma de presión, llena de decisiones unilaterales y sin consulta a los países afectados.
Por ello, la decisión sobre el TPS no debe ser vista solo como un asunto migratorio, sino como un acto de justicia y reconocimiento a la larga historia de sacrificio y lucha de los hondureños. El compromiso del gobierno de Honduras es seguir defendiendo a nuestra gente, mantener y trabajar por un futuro en el que el migrante hondureño pueda vivir con dignidad y seguridad, en su tierra y en donde decida construir su vida.
La continuidad del TPS es, en esencia, un acto de voluntad política por parte de Estados Unidos, pero también una oportunidad de reafirmar lazos de respeto y solidaridad entre nuestros pueblos. Desde Honduras, confiamos en que las autoridades estadounidenses respetarán el derecho ganado por nuestros compatriotas.
