Honduras es un país, libre soberano e independiente, hacer valer esto es una determinación de la Presi Xiomara Castro y del pueblo hondureño, el Congreso Nacional eligió, como lo manda la Constitución de la República, a las nuevas autoridades del Ministerio Público, una decisión soberana y apegada a la ley, las opiniones sobre un asunto interno del país vertidas por funcionarios del Gobierno de EE.UU. va contra todas las normas del Derecho Internacional, es una coerción a la libre autodeterminación de los pueblos.
Johel Zelaya como Fiscal General y Mario Morazán como Fiscal General Adjunto fueron electos por la Comisión Permanente del Congreso Nacional de forma interina, de acuerdo al Artículo 208 de la Constitución de la República, hoy tomaron posesión de sus cargos e iniciaron el trabajo de construir un MP que verdaderamente luche contra la impunidad y las redes de corrupción público-privadas instaladas durante 12 años de narcodictadura, que por cierto, estuvieron avaladas por un sector del Gobierno de EE.UU.
Desde el 01 de septiembre de 2023, la titularidad del Ministerio Público quedó vacante tras culminar el periodo de Óscar Chinchilla, quien fue electo para un segundo periodo en 2018 de forma inconstitucional tras no haber formado parte de la lista de cinco candidatos enviada al Congreso por la Junta Proponente de aquel momento, esto con el respaldo del Gobierno norteamericano.
No es secreto que Chinchilla tiene buenas relaciones con Washington, en diciembre del 2020 el Gobierno Norteamericano condecoró «la labor de Chinchilla contra la corrupción y la impunidad en Honduras», aún cuando este fue cómplice directo por su inacción de dos fraudes electorales y de convertir a Honduras en un Narco-estado. Ahora el ex fiscal General se encuentra huyendo en el vecino país de Nicaragua, continuando la tradición de sus correligionarios, Ebal Díaz y Ricardo Cardona.
Ante, el posicionamiento del Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, que textualmente dice «La decisión tomada hoy por una minoría del Congreso de Honduras de elegir a un nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto socava aún más la confianza en las instituciones del país. Hacemos un llamado a todos los hondureños a evitar la violencia y buscar consenso en elección del Fiscal General y Adjunto con los 86 votos requeridos», es una intervención en un asunto interno y específicamente político además. Y desconociendo la Constitución de Honduras y las obligaciones del Poder Legislativo.
Esto fue acompañado por la Embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura F. Dogu, «Las acciones de hoy sólo servirán para polarizar aún más y dañar la imagen del país y el clima de inversión, en un momento en que es urgente crear empleo. Las imágenes de más personas heridas son alarmantes y la violencia debe detenerse. Los hondureños necesitan confiar en su democracia hoy más que nunca», opinando sobre un asunto soberano de Honduras y siguiendo el mismo guion lleno de hipocresía, luego de que respaldaron reiteradas violaciones a la Constitución pero condenan una acción apegada a esta.
El Canciller, Enrique Reina, contestó de forma categórica a través de su cuenta de X.
Los medios de comunicación corporativos con su acostumbrada hipocresía, como es el caso de Patricia Janiot de CNN, que lanzó un mensaje fuera de contexto sobre la elección del Fiscal General y Adjunto en Honduras, misma que guardó silencio cuando JOH se reeligió o cuando los más de 127 asesinados en las protestas de 2017 contra el Fraude Electoral del que mismo EE.UU. formó parte.
El pueblo hondureño tiene derecho a embarcarse por un rumbo distinto al que ha sido dictado por al menos 100 años desde la Casa Blanca, la Presidenta ha emprendido una política exterior de dignidad y soberanía, con respeto al derecho internacional y sin inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, ha sido clara que Honduras no volverá a tener nunca el titulo humillante de República Bananera, una postura que acompaña el pueblo de Honduras y debe ser asumida en todos los poderes del Estado.
