La declaratoria de Estado de Emergencia en el sector salud, aprobada por el Congreso Nacional y pronto publicada en el Diario Oficial La Gaceta, ha encendido las alertas sobre el rumbo que podría tomar el sistema sanitario público en Honduras.

El decreto impulsado por el Partido Nacional y Liberal contiene disposiciones que abren la puerta a una privatización silenciosa de la salud financiada con fondos públicos.

El texto autoriza al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, a recurrir a procedimientos especiales y a la contratación directa de bienes y servicios, así como a la suscripción de convenios con empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y cooperantes nacionales o internacionales.

Bajo la figura de la emergencia, se flexibilizan los controles ordinarios de contratación y se amplía la participación de actores privados en la prestación de servicios que, por mandato constitucional, corresponden al Estado.

Durante el debate en el hemiciclo, diputados de Libre advirtieron que esta lógica no representa una solución estructural, sino un traslado progresivo de funciones públicas al sector privado, donde el Estado deja de ser proveedor directo del derecho a la salud y pasa a desempeñar un rol de simple financiador.

La privatización, señalan, ya no se expresa en la venta de hospitales, sino en la normalización de la tercerización de servicios esenciales, con recursos públicos y bajo esquemas excepcionales que tienden a prolongarse en el tiempo.

Aunque el decreto menciona la temporalidad de la medida y la obligación de rendir informes trimestrales al Congreso, persiste la preocupación de que la emergencia se convierta en un mecanismo permanente que justifique la falta de inversión sostenida en hospitales públicos, personal sanitario e infraestructura propia.

Resolver la mora quirúrgica mediante contratos externos puede aliviar cifras en el corto plazo, pero no fortalece la capacidad instalada del sistema público ni garantiza la sostenibilidad del derecho a la salud.

El diputado de Libre Fabricio Sandoval sostuvo que sin controles estrictos y sin una política clara de fortalecimiento del sector público, la emergencia sanitaria corre el riesgo de consolidar un modelo en el que la salud deja de gestionarse como un bien público universal y comienza a operar bajo lógicas de mercado.

En ese escenario, la crisis no se resuelve: se administra, mientras el Estado se debilita y la privatización avanza sin debate público ni decisión explícita.

La emergencia sanitaria puede salvar vidas si se usa para reconstruir el sistema público, pero también puede marcar un punto de quiebre. Cuando el derecho a la salud se subcontrata, deja de ser un derecho garantizado y se convierte en un servicio condicionado, con consecuencias profundas para la equidad y la justicia social en el país.