Una lucha por la defensa del patrimonio forestal
Tal y como se defino en el plan de gobierno, La Presidenta Xiomara Castro ha establecido mecanismos de defensa y protección al patrimonio forestal del país.
Bajo un esquema de ordenamiento territorial, definir las áreas de producción de leña y
plan de gobierno 2022-2026
madera y las que sean exclusivamente de conservación rigurosamente protegida,
para asegurar que se cumpla con un manejo forestal sostenible, con aprobación y
beneficios comunitarios.
A pesar de la situación compleja que suscita por los diversos fenómenos naturales y el otorgamiento de concesiones para explotar los bosques hondureños durante el gobierno anterior, esta administración, a través del Instituto de Conservación Forestal ha garantizado la protección de los bosques.
Durante la narco-dictadura, los bienes comunes fueron entregados como bienes privados a sujetos que se dedicaron a explotar, los suelos, los bosques y el agua, realizando proyectos residenciales, deforestando para el lucro con madera, desgastando así las zonas forestales.
Debido a esto, y tras un proceso de investigación el ICF ha procedido a emitir una denuncia pública, exponiendo que existe medios de verificación que reflejan los procesos ilegales utilizados para otorgar títulos de propiedad, exclusivamente de zonas de bosques, que forman parte del patrimonio nacional. }
El ICF, como parte de la revisión de expedientes contentivos de solicitudes de no objeción para la elaboración y registro de planes de manejo forestales, ha verificado los títulos de propiedad que ampara tales pretensiones, verificando los títulos que se han otorgado por año, por diferentes entes del Estado, afectando áreas de régimen nacional de vocación forestal en 154,038.29 hectáreas en 528 títulos inscritos durante el periodo 2000 – 2021 y 6,474.54 hectáreas por 82 títulos inscritos durante 2022 – 2024.
ICF, 2024
Al haber emitido la denuncia, se solicitó el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) y, del Ministerio Público para que se realice una investigación exhaustiva sobre el caso.
Un mensaje claro de parte del ICF y del gobierno: Las áreas forestales nacionales son un patrimonio que no pueden ser traslados a privados, facultado por la Ley de Propiedad, Ley de Reforma Agraria y la Ley Forestal.
