El otorgamiento de beneficios fiscales al sector empresarial ha sido una política constante y generosa, justificada por la narcodictadura bajo la idea de que tales incentivos dinamizan la economía, fomentan la inversión y promueven la generación de empleo. Sin embargo, en la práctica, esta relación ha sido desequilibrada y carente de reciprocidad. Las grandes empresas de las diez familias más poderosas del país que reciben exoneraciones millonarias, no han cumplido con su compromiso de generar suficientes empleos.
Hugo Noe Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, ha señalado que las exoneraciones fiscales, que representan aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, no han generado los resultados prometidos en términos de empleo y desarrollo económico. Según sus declaraciones, las pequeñas y medianas empresas, que no reciben estos beneficios, son responsables de la mayoría de los empleos en el país. Esto sugiere que las grandes empresas que gozan de exoneraciones fiscales no están cumpliendo con su rol esperado en la creación de empleo formal y sostenible.
Asimismo, Pino se refirió a la Ley de Justicia Tributaria, que busca revisar y ajustar el sistema de exoneraciones fiscales en Honduras. Esta ley pretende eliminar los privilegios fiscales que han favorecido a ciertos sectores empresariales sin una contraprestación en términos de generación de empleo o inversión productiva.
Claudio Salgado, economista y académico hondureño, señaló que el sistema de exoneraciones fiscales en Honduras está profundamente concentrado en manos de unos pocos grupos empresariales. Según sus estimaciones, 25 conglomerados económicos controlan alrededor del 50% de todas las exoneraciones fiscales, lo que implica que un número reducido de empresas se beneficia de la mayoría de los recursos públicos condonados en impuestos.
Millones en exoneraciones fiscales, pero sin empleos dignos
El economista detalla que hace falta la correlación entre las exoneraciones fiscales otorgadas a las grandes empresas y la generación de empleo en Honduras. Según sus estimaciones, entre 2009 y 2022, el gobierno dejó de percibir aproximadamente L. 451 mil millones debido a estas exoneraciones, lo que representa el 7.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Sin embargo, Salgado señala que solo el 6% de los empleos en Honduras son generados por empresas que han sido beneficiadas con exoneraciones fiscales, lo que indica una desconexión entre los incentivos fiscales y la creación de empleo digno.
Esta concentración no solo refleja un problema de inequidad fiscal, sino también una falta de responsabilidad social empresarial, ya que no existe una correlación directa entre estos beneficios y la generación de empleos estables, dignos y bien remunerados.
Las exoneraciones fiscales se han convertido en un privilegio sin retorno. Mientras los grandes grupos empresariales disfrutan de reducciones tributarias que superan los 50 mil millones de lempiras anuales, los indicadores de empleo digno permanecen estancados. No hay evidencia de que estos incentivos hayan mejorado la calidad del empleo ni reducido la informalidad. Por el contrario, el crecimiento del empleo precario y mal remunerado sugiere que el modelo ha fracasado.
