Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) presentaron hoy una solicitud formal ante el Ministerio Público (MP) para iniciar una investigación preparatoria contra la abogada y consejera vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette Alejandra López Osorio, por la presunta comisión de los delitos de injurias y calumnias con publicidad.
La acción legal, impulsada por el Auditor Jurídico Militar, Max Alonso Hernández Marcia, busca establecer la veracidad de las declaraciones emitidas por la funcionaria el pasado 19 de noviembre de 2025, en las que afirmó que miembros de la institución castrense habían solicitado información a la empresa encargada de instalar los dispositivos GPS del material electoral, aseveración que, según las FF. AA. “lesiona la dignidad y menoscaba el prestigio y el honor” de la institución.
Detalles de la solicitud y las acusaciones
En el documento presentado, el representante legal de las FF. AA. argumenta que las declaraciones de López Osorio, difundidas en diversos medios de comunicación, son «carentes de veracidad y fundamento» y tienen el objetivo de «crear una desestabilización a la institución, así como incitación al odio y el desprecio público» de la sociedad hondureña hacia sus autoridades.
Las FF. AA. detallan que la consejera del CNE manifestó públicamente que las Fuerzas Armadas habían comenzado a solicitar datos sobre la ubicación de los equipos GPS en el material electoral, advirtiendo que este tipo de consultas «levanta cejas» debido a la sensibilidad del proceso y el riesgo de manipulación.
Petición al Ministerio Público
La solicitud se fundamenta en el artículo 407 del Código Procesal Penal, que permite la investigación preliminar cuando es imprescindible establecer la claridad y precisión de un hecho punible para intentar una querella.
El escrito de las Fuerzas Armadas pide de forma específica al Ministerio Público:
- Tomar declaración a la consejera Cossette Alejandra López Osorio sobre los hechos expresados.
- Requerir la entrega de las pruebas que sustenten sus afirmaciones acerca de la comunicación entre militares y la empresa de los dispositivos GPS.
Las Fuerzas Armadas advierten que, una vez que el MP constate la falta de sustento de las afirmaciones, la institución se reservará el derecho de promover una querella formal ante los Tribunales de Justicia.
