El fideicomiso del Sistema de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto de la Propiedad (SITEC-IP), concebido como una herramienta para «modernizar los servicios públicos» a través de la digitalización del registro vehicular, emisión de placas y mantenimiento del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP) se convirtió en uno de los símbolos más emblemáticos de la corrupción público-privada durante los gobiernos del Partido Nacional de Honduras (PNH).
Entre 2015 y 2022, el SITEC-IP desvió aproximadamente 19 mil millones de lempiras, provenientes de los impuestos de los hondureños, operando al margen de la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Contratación del Estado.
Marlon Ochoa, describió el mecanismo: “un esquema de corrupción público-privada creado por el régimen a través del Congreso Nacional para administrar los fondos públicos como si fueran hacienda particular”.
La denuncia que marcó el antes y después
En de junio de 2024, Ochoa presentó formalmente una denuncia ante el Ministerio Público (MP), acompañada de actas, resoluciones, informes de liquidación, transferencias bancarias y listados de empresas y ONG que evidenciaban el manejo irregular de cuatro grandes fideicomisos, incluido el SITEC-IP.
En esa denuncia se indicó que, durante la gestión de Darío García en el Instituto de la Propiedad (IP) a partir de 2022, se ocultaron más de 3 mil millones de lempiras en cuentas privadas, y se desembolsaron más de 2 mil millones sin registro ni transparencia.
Además, la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del IP contrató dos ONG: FIPADEH (122.5 millones de lempiras) y Ayudando con Amor (39.5 millones) sin presentar informes de liquidación.
Investigación y acciones del gobierno de LIBRE
El 26 de agosto de 2025, el Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó requerimiento fiscal contra exempleados de la UCP del IP y directivos de la Fundación Ayudando con Amor, por defraudar 39.5 millones de lempiras mediante un falso proyecto social.
Dicha donación, no estaba autorizada ya que los fondos que administraba provenían de la Tasa Vehicular, impuestos registrales y de traslación de dominio (cambio legal de la propiedad de un bien) canalizados mediante el fideicomiso SITEC.
Los imputados, según la investigación, se coludieron para transferir fondos a cuentas controladas por ellos y presentaron documentos falsos para justificar los desembolsos.
Toda esta corrupción nació en el seno del Partido Nacional, con figuras clave como Ebal Díaz, exsecretario de la Presidencia, al frente del consejo directivo del IP.
El gobierno de LIBRE, comprometido con proteger el dinero del pueblo, canceló fideicomisos, recuperó el control de los fondos públicos y entrega los hallazgos a la justicia para que los responsables enfrenten la ley.
El caso del SITEC-IP es más que una denuncia: es la exposición de un sistema corrupto diseñado para desviar recursos públicos, y la denuncia de junio de 2024 por Marlon Ochoa marcó un punto de inflexión.
Mientras el Partido Nacional dejó al país con esta herencia de saqueo, LIBRE actúa para reparar el daño, investigando, denunciando y cancelando los fideicomisos que sirvieron como cajas chicas para la narcodictadura cachureca.
