El sexto día del juicio por el caso de la Tasa de Seguridad en la Corte del Distrito Sur de la Florida, concluyó con el sorpresivo anuncio de la Fiscalía de que cerraría su caso.

Esta decisión se tomó después de que los fiscales consideraran que las pruebas presentadas y el testimonio de los testigos, incluido el de Juan Ramón Molina, son suficientes para incriminar al acusado Carl Alan Zaglin, sin la necesidad de que Francisco Roberto Cosenza testifique.

Múltiples pruebas y complicidad

El testimonio de Juan Ramón Molina, exrepresentante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), fue crucial para la Fiscalía.

Se presentaron correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp en las que Cosenza le pide a Molina que presione a una funcionaria del Banco Central de Honduras, Nora Rivera, para agilizar los pagos a la empresa Atlanco.

Estos pagos, según la fiscalía, eran la clave para que Cosenza y Molina pudieran recibir sobornos.

La Fiscalía argumentó que la evidencia es tan sólida que demuestra una «cadena de corrupción perfectamente organizada», en la que el dinero fluía desde Atlanco hasta funcionarios hondureños, con la complicidad de operadores dentro del sistema.

La decisión de no presentar a Cosenza, quien ya se declaró culpable de recibir sobornos, muestra la confianza de la Fiscalía en la fuerza de sus pruebas.

Un abogado de la defensa con socios polémicos

La defensa de Zaglin inició su presentación de testigos con el abogado hondureño Rubén Antonio Rodezno Sandoval, quien trabajó para Atlanco durante 20 años.

Rodezno declaró que su trabajo fue estrictamente comercial y que nunca asesoró sobre sobornos.

Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, la Fiscalía reveló que Rodezno es socio de bufete del diputado Jorge Luis Cálix Espinal y del notario Carlos Felipe Danzilo Fiallos, señalado por crear cientos de empresas pantalla en Honduras.

La Fiscalía cuestionó su papel, dejando claro que su participación en los asuntos de corrupción era limitada.