En un seguimiento a la acción penal iniciada contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, el Ministerio Público (MP) emitió un comunicado para dejar claro que el requerimiento fiscal por prevaricato judicial está sólidamente sustentado.
El MP informó a la comunidad internacional y al pueblo hondureño que el requerimiento fiscal está «debidamente fundamentado con prueba documental y testifical», tipificado en el artículo 516 del Código Penal vigente. Con esta aclaración, la institución refuerza la seriedad de la acusación, asegurando que su actuación se enmarca en la defensa de la Constitución y las leyes, pues «no persigue personas, sino delitos».
El MP a la comunidad internacional y al pueblo hondureño informa lo siguiente: pic.twitter.com/EHi0u7pbWE
— Ministerio Público (@MP_Honduras) November 12, 2025
Vía libre tras el antejuicio de magistrados
El documento del MP confirma que se agotaron previamente los procedimientos legales al presentar la solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La decisión de la CSJ fue crucial:
- La Corte determinó que los magistrados del TJE «no gozan de las prerrogativas» que les conferían ese beneficio.
- Al no contar con inmunidad, el MP procedió conforme a derecho con la presentación del requerimiento fiscal.
La acusación de prevaricato se basa en que los magistrados emitieron resoluciones que, según el MP, contravienen la Ley.
Esto incluye declarar sin lugar una recusación y ordenar la inscripción de ciudadanos que no cumplían los requisitos, al constituir un Pleno de dos, cuando la ley exige la presencia de los tres magistrados propietarios o al menos dos propietarios y un suplente.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso de «garantizar elecciones pacíficas, justas y transparentes», solicitando el respaldo internacional y nacional en su esfuerzo por la democracia hondureña.
