Fraude electoral la “continuidad” del narcotraficante Juan Orlando Hernández en el poder no fue producto de la voluntad del pueblo. Sino de una maquinaria política cuidadosamente estructurada para mantener su gobierno.
Dicha maquinaria contó con el respaldo de intereses empresariales, redes del narcotráfico y la injerencia de Estados Unidos (EE. UU.). Que operaron desde las sombras para garantizar el fraude.
Las consecuencias no solo fueron políticas, sino profundamente económicas y sociales: desempleo e impunidad para militares y políticos que perpetuaron el golpe de Estado.
EL FRAUDE Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA
Cuando un gobierno no nace de elecciones limpias, su lealtad no está con el pueblo. Bajo el régimen de JOH, los grandes contratistas del Estado no eran los más capaces, sino los más cercanos al círculo de poder.
Las licitaciones fueron concedidas a las empresas de las 10 familias más ricas de Honduras obras fantasmas, carreteras sobrevaloradas y hospitales móviles que nunca sirvieron al pueblo, pero sí enriquecieron a unos pocos.
Sólo en 2010 el gobierno de Porfirio Lobo Sosa a través del Congreso Nacional dio luz verde a la Ley de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), donde se adjudicaron 14 proyectos cuya inversión superaba los 44,348 millones de lempiras.
Pero algunos generaron más problemas que soluciones, tal es el caso de los peajes donde los hondureños deben pagar para transportarse porque estos fondos se utilizaron para financiar supuestamente la construcción, mantenimiento y mejora de las carreteras del país.
La presidenta Xiomara Castro no pudo eliminar los peajes debido a los contratos vigentes con la Concesionaria Vial de Honduras (COVI), que administra la carretera CA-5.
Aunque la mandataria Castro ordenó que, no se aumentaran las tarifas, la concesionaria insistió en aplicar el ajuste conforme al contrato, argumentando que el gobierno no ha cumplido con la compensación por la falta de incremento en años anteriores.
El fraude no solo alteró el orden democrático, sino que consolidó un modelo económico excluyente, donde los recursos públicos fueron utilizados para enriquecer a aliados políticos, en lugar de fortalecer la educación, la salud o generar empleo digno.
En 2018, dos años después del golpe de Estado la tasa de desempleo se situaba en 5.7%, con mayores problemas en áreas urbanas y en ciudades específicas, según el INE.
En ese mismo año, se estimó que aproximadamente 800,000 jóvenes hondureños entre 12 y 29 años no estudiaban ni trabajaban.
LA IMPUNIDAD ECONÓMICA
Gobiernos ilegítimos como el de JOH requieren de un sistema de justicia a su medida. Las cortes, la Fiscalía y hasta la Policía se convirtieron en cómplices del saqueo.
Mientras los corruptos gozaban de total impunidad, el pueblo pagaba las consecuencias: salarios bajos, canasta básica a alto costo y servicios públicos ineficientes.
La dolarización informal de sectores como las telecomunicaciones, los combustibles y la medicina fue parte del modelo neoliberal impulsado sin consulta ni control.
Las reglas del mercado fueron dictadas por monopolios, mientras el Estado se desentendía de su papel regulador.
Esto cambió con el gobierno de LIBRE que aprobaron la ley que prohíbe los cobros en dólares para la telefonía, clave o internet.
“INVERSIÓN EXTRANJERA” LA EXCUSA PARA EL SAQUEO
Bajo la bandera de la «seguridad jurídica», el régimen de JOH promovió zonas económicas especiales, concesiones mineras y proyectos extractivos que nunca generaron desarrollo local.
Las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) privatizaban enclaves, despojando al pueblo de su tierra, sus recursos y su soberanía.
En vez de atraer inversiones productivas que generaran empleo sostenible, se consolidó un modelo de extracción y despojo.
Los pocos empleos creados eran precarios, mal pagados y sin derechos. El Estado no protegía al trabajador, lo entregaba como mano de obra barata.
Pero el gobierno del pueblo erradicó las ZEDES consolidando la soberanía y la justicia como pilares fundamentales del gobierno.
A través de un esfuerzo conjunto entre el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo, lograron defender la patria y preservar los principios constitucionales que prohíben la concesión, privatización o despojo del territorio hondureño.
