El Consejo de Ministros de Honduras, presidido por la presidenta Xiomara Castro, se reunió en Lepaguare, Olancho, para abordar temas cruciales que impactan la seguridad, la economía y el desarrollo social del país.
En un ambiente de trabajo conjunto, el gobierno reafirmó su compromiso con el bienestar de los hondureños, aprobando varios decretos ejecutivos para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la población.
Uno de los principales temas discutidos fue la seguridad del país, con el enfoque en la implementación de medidas extraordinarias bajo el Estado de Excepción Parcial. El Consejo aprobó la suspensión de las garantías constitucionales, como parte de un esfuerzo por enfrentar la creciente violencia y la criminalidad, dando al gobierno mayor flexibilidad en las acciones de seguridad.
En el ámbito económico, se presentó una reforma al artículo 1 del PCM 40-2024, que busca aliviar la carga financiera de miles de familias hondureñas. Esta reforma tiene como objetivo reducir las tasas de interés de los préstamos para la vivienda, beneficiando a más de 15,167 familias que podrán acceder a condiciones más favorables para la adquisición de una casa propia.
Además, el gobierno amplió la emergencia para el combate del gusano barrenador, un flagelo que afecta la producción agrícola en varias regiones del país, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. La expansión de esta emergencia tiene como fin intensificar los esfuerzos para erradicar este insecto y proteger los cultivos nacionales.
Democracia en constante evolución
Otra de las medidas aprobadas fue la extensión de los subsidios a los combustibles, energía y gas, lo cual representa un alivio significativo para las familias hondureñas, especialmente en tiempos de aumento en los precios internacionales de estos productos. Esta decisión busca mitigar el impacto económico en los hogares más vulnerables.
Finalmente, en la agenda del Consejo de Ministros, se analizó el reciente proceso electoral primario, evaluando los avances y los retos que implica para el sistema electoral del país, en el marco de una democracia en constante evolución.
Con estas decisiones, el gobierno reafirma su voluntad de seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de los hondureños, con un énfasis particular en la seguridad, la economía y la justicia social.
