En un país donde solo el 18 % de la población tiene acceso a agua potable gestionada de forma segura, el Gobierno de LIBRE avanza en la atención de una de las deudas sociales más históricas de Honduras: garantizar el derecho humano al agua, especialmente en las comunidades rurales más olvidadas.
A través del financiamiento del Gobierno de Honduras y en coordinación con el Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), desde 2024 se ejecutan cinco proyectos comunitarios de agua en zonas de difícil acceso de Olancho y El Paraíso, regiones severamente golpeadas por la sequía y el cambio climático.
Estas obras incluyen la construcción de tanques de almacenamiento de agua de lluvia con capacidad de hasta 37,000 litros, así como la ampliación de redes de distribución que captan agua directamente de ríos y manantiales.
Cada hogar pueda abrir un grifo y contar con agua limpia, constante y segura, una realidad que durante décadas parecía inalcanzable.
“Llevamos más de 20 años soñando con este proyecto y aún ahora mi corazón se acelera al verlo finalmente convertirse en realidad”, expresó Carlos Alfredo, miembro de la comunidad de Orealí, una de las zonas beneficiadas.
Durante años, la falta de agua obligó a familias enteras especialmente a mujeres, niñas y niños a caminar largas distancias para conseguir el líquido vital, muchas veces desde ríos contaminados, poniendo en riesgo su salud y limitando sus oportunidades de estudio y desarrollo.
Más de 2,400 personas de las comunidades de La Ermita, La Florida del Lagarto, La Ruda, Orealí y San José de la Montaña empiezan a experimentar un acceso confiable al agua, mejorando su salud, su dignidad y su calidad de vida.
Además de la infraestructura, el proyecto fortalece las capacidades del Estado. El programa “Asistencia para el fortalecimiento del SANAA en la Gestión de Proyectos de Agua y Saneamiento”, financiado por el Gobierno de LIBRE apuesta por la transferencia de conocimientos, capacitación técnica y sostenibilidad a largo plazo, asegurando que los sistemas continúen funcionando en manos de las propias comunidades organizadas en Comités de Agua.
Estas acciones reflejan una visión de gobierno centrada en lo público, lo comunitario y lo humano, donde el acceso al agua deja de ser un privilegio y comienza a consolidarse como un derecho garantizado.
Bajo la administración de LIBRE, el agua vuelve a comunidades que durante décadas sobrevivieron a la sequía, devolviendo esperanza, salud y futuro a miles de familias hondureñas.
