El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se encuentra sumido en una profunda crisis tras la grave denuncia interpuesta por el magistrado Mario Morazán, quien acusó a sus compañeros Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona Rodríguez de haber consumado el delito de «traición a la Patria».

La denuncia se fundamenta en que ambos magistrados sesionaron sin contar con el pleno, una potestad que, según Morazán, no les asiste, con el objetivo de abordar el controversial caso de la inscripción como candidato a diputado de manera ilegal del diputado liberal Jorge Cálix.

Llamamiento directo al fiscal general

El magistrado Morazán fue contundente y lanzó una excitativa directa al Ministerio Público, asegurando que el delito se cometió en flagrancia.

«Se ha consumado el delito de traición a la patria, por ese caballero que viene entrando ahí y por la magistrada Miriam Barahona Rodríguez. Repito la excitativa, es un delito que está en flagrancia y llamo al fiscal general Johel Zelaya para que actúe de inmediato con estos traidores a la patria», declaró Morazán.

El denunciante advirtió que no deben utilizarse excusas políticas para frenar la justicia penal, enfatizando que «durante la época electoral también se pueden cometer delitos, por eso se crea también la fiscalía especial de delitos electorales».

El conflicto es «Político», NO «Jurídico»

Morazán insistió en que la manipulación del caso Cálix, en el que la Ley Electoral prohíbe la participación en las generales a candidatos vencidos en la contienda primaria, no tiene asidero legal y es una respuesta a intereses externos.

«Es mentira que es un tema jurídico, no es un problema jurídico porque cuando la ley es clara no hay problema. Quien produce el problema jurídico es el político», sentenció el magistrado.

Según Morazán, el conflicto inicia cuando se buscan interpretaciones a un artículo «clarito,» sugiriendo que la solución es sencilla si sus colegas se apegaran únicamente a la ley y la Constitución: «Si estos tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral se sientan, apagan sus teléfonos y dejan de estar escuchando a líderes… inmediatamente van a llegar un acuerdo».

El magistrado concluyó su denuncia con una advertencia sobre el actuar de sus colegas, aludiendo que estaban obligados a saber que estaban incurriendo en el delito de traición a la patria, calificándolo de «imprescindible».