La empresa colombiana Grupo ASD S.A.S., contratada para operar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las elecciones generales de Honduras en 2025, llega al proceso con un pasado marcado por señalamientos en contextos electorales de su país. 

Documentos judiciales y reportes de investigación confirman que la compañía estuvo vinculada a dos procesos electorales en Colombia que terminaron envueltos en graves irregularidades, uno de ellos incluso anulado.

En 2008, el Consejo de Estado de Colombia anuló la elección de un concejal en Bogotá tras determinar que las actas de escrutinio habían sido manipuladas: votos asignados indebidamente y omisiones en perjuicio del candidato afectado. 

Investigaciones periodísticas señalan que un representante legal de Grupo ASD estaba contratado para proveer parte del equipo tecnológico utilizado en ese proceso, lo que situó a la empresa dentro del sistema en el que se cometieron las irregularidades, aunque el fallo no la responsabilizó directamente.

En 2014, durante las elecciones legislativas, otro fallo del Consejo de Estado reveló accesos no autorizados al software de escrutinio, alteraciones de formularios y destrucción de evidencias digitales que imposibilitaron una auditoría completa. 

Los reportes indican que la plataforma en la que ocurrieron estas inconsistencias estaba bajo operación o provisión de Grupo ASD, lo que volvió a colocar el nombre de la empresa en el centro del cuestionamiento público. 

Aunque no se emitieron sanciones penales específicas, la ausencia de evidencias intactas impidió determinar responsabilidades más allá de los hallazgos técnicos.

La combinación de antecedentes cuestionados y un clima de desconfianza electoral en el país representa un riesgo significativo para la credibilidad del proceso de 2025.

Aunque ninguna sentencia ha declarado culpable a la empresa de manipulación directa, el hecho de que su tecnología estuviera involucrada en procesos con irregularidades graves es suficiente para que distintos actores consideren que su participación en Honduras amerita vigilancia reforzada, auditorías externas y mecanismos de control estrictos.