La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con el objetivo de fortalecer al sector que provee el 56% de los alimentos consumidos en el país, con la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), presentó la actualización del anteproyecto de Ley de Agricultura Familiar.

Esta normativa busca dotar de un marco legal sólido a una actividad que genera el 75% del empleo rural en Honduras.

La propuesta fue socializada este día ante una mesa multisectorial que incluyó a la academia, organismos internacionales y organizaciones campesinas. La iniciativa surge de la necesidad de actualizar un borrador previo (2018-2019) para armonizarlo con la legislación vigente y con la política de estado del sector agroalimentario de Honduras (2023-2043).

(SAG), con el objetivo de fortalecer al sector que provee el 56% de los alimentos consumidos en el país, con la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),

La Ministra de la SAG, Laura Suazo, subrayó la relevancia de esta ley para la economía nacional:

«Estamos haciendo una revisión final de una propuesta que reconoce y revalúa el rol de la agricultura familiar. No solo garantiza el alimento en nuestras mesas, sino que genera una economía local que permite la autoempleabilidad y el rescate de nuestra cultura alimenticia».

A diferencia de intentos legislativos anteriores, este nuevo texto incorpora lecciones aprendidas tras la pandemia de COVID-19, la crisis mundial de fertilizantes y el impacto de fenómenos climáticos como Eta e Iota. Según Fátima Espinal, representante residente de FAO en Honduras, era imperativo un refrescamiento para responder a las vulnerabilidades actuales de los sistemas agroalimentarios.

El anteproyecto introduce elementos innovadores para el sector, tales como:

• Unidad Agrícola Familiar: Una figura jurídica para la adjudicación de tierras como núcleo familiar.
• Inclusión Social: Enfoques específicos de género, juventud y pueblos indígenas.
• Acceso a Mercados: Mecanismos para que los pequeños productores sean proveedores del estado (como en la alimentación escolar).
• Gobernanza: Establece a la SAG como ente rector y obliga a la actualización decenal de la estrategia nacional de agricultura familiar.

Actualmente, más de medio millón de familias en Honduras dependen de la agricultura familiar. No obstante, la falta de una ley específica ha limitado históricamente el acceso a financiamiento y la continuidad de programas técnicos.

Magdalena Abarca, consultora de la FAO, destacó que fortalecer este marco normativo no solo beneficia a las economías rurales, sino que asegura el derecho a una alimentación adecuada para toda la población, reduciendo la huella de carbono mediante circuitos de comercialización más cortos y resilientes.

En la jornada de socialización participaron actores estratégicos como:

• Organizaciones Campesinas: CHMC, COCOCH y vía campesina.
• Sector Gremial y Técnico: FENAGH, CINAH y COLPROCAH.
• Academia: Universidad Zamorano y la UNAG.
• Socios al Desarrollo: Ayuda en acción, FUNDER y Ricolto.

El documento final será remitido próximamente al Congreso Nacional para su discusión y aprobación, marcando un precedente en la protección de las familias que producen más del 80% de los alimentos a nivel mundial y sostienen la soberanía alimentaria de Honduras.