El gobierno de Honduras, a través del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ha reiterado su firme compromiso de garantizar el orden y la eficiencia en el sistema de transporte público, respondiendo de manera clara y contundente a las recientes exigencias de los transportistas.

En los últimos tres años, los transportistas han recibido más de 500,000 lempiras en subsidios por cada unidad de transporte, un esfuerzo significativo por parte del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, para aliviar las cargas del sector.

Este monto representa un apoyo sustancial para los transportistas, destinado a mejorar la calidad del servicio que ofrecen a los ciudadanos. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si este apoyo financiero ha resultado en un servicio de transporte más eficiente y seguro para la población.

A pesar de este respaldo, los transportistas han intensificado sus demandas, exigiendo que el gobierno cumpla con el pago del “Bono Compensatorio”, una deuda que, según afirman, se les adeuda desde febrero de este año. Es importante mencionar que el pasado 16 de mayo, el gobierno desembolsó 47.2 millones de lempiras en concepto de subsidios al sector, seguido de otros 23 millones la semana siguiente.

Sin embargo, ante las presiones recientes, el comisionado del IHTT, Rafael Barahona, ha dejado claro que no cederán a las exigencias desmedidas. «Estamos preparados para imponer el orden en el sistema de transporte del país. No permitiremos que la presión afecte nuestro compromiso con la ciudadanía y con un servicio de transporte seguro y eficiente», afirmó Barahona.

Barahona dejó claro que el IHTT no cederá ante las presiones y que están preparados para imponer el orden en el sistema de transporte del país.

En una declaración contundente Barahona, expresó que no tienen temor alguno mientras actúen dentro de la ley, con el respaldo del pueblo y con la bendición de Dios. «No vamos a tener absolutamente ningún problema. Nosotros vamos a aplicar la ley como corresponde», afirmó.

El comisionado destacó que no permitirán que un pequeño grupo de transportistas continúe humillando y chantajeando al pueblo hondureño. Que la ley prioriza a los usuarios del transporte público, especialmente a los 300,000 ciudadanos que utilizan diariamente los autobuses en Tegucigalpa para ir a sus lugares de trabajo, centros de estudio y recibir atención médica.

Aquellos transportistas que inciten a otros a paralizar el servicio, perderán los subsidios otorgados por el gobierno y se revisarán sus contratos de concesión, con posibilidad de ser cancelados.

Este enfoque responde al interés del gobierno en mantener un equilibrio entre el apoyo al sector del transporte y la necesidad de garantizar un servicio de calidad para los usuarios. El gobierno reitera que los subsidios han sido otorgados con el objetivo de mejorar el servicio, y cualquier intento de utilizar estos fondos para otros fines no será tolerado.